Convocatoria a Diseñadores Gráficos para Proyecto de Calendario Conmemorativo de la Guerra Civil

En plena feria anarquista de su ciudad "Montreal Anarchist Bookfair" los compañeros han decidido confeccionar un Calendario Conmemorativo de la Guerra Civil Española.

<<Nuestro concepto es de poner el la parte superior del calendario una reproducción de un cartel original de la época, y en la parte abajo, al lado del calendario, en el espacio mas chiquito, una ilustración de un artista anarquista de hoy, haciendo su versión de lucha libertaria, con un ángulo contemporáneo, algo con la misma sensibilidad y temática del cartel de la parte superior, haciéndolo espejo.

Para ello la idea es conseguir por lo menos 12 personas interesadas en realizar las ilustraciones, pero ya les dije que sobra el talento y seguro que tendrán más candidatxs! Grafiterxs, diseñadores, artistas, ilustradorxs o simplemente personas interesadas en participar en el proyecto aportando su visión.

Aquí os dejo una muestra de su idea original, abierta a cambios y sugerencias.

Lxs interesadxs podéis poneros en contacto con Andrei en andrei.kelner@gmail.com o aquí en la tarcoteca tarcoteca@riseup.net

A las pinceladas! Animaos!

Empresas Canadienses fuerzan el segundo estado de sitio en Guatemala: expolio

Empresas españolas implicadas en el expolio al pueblo guatemalteco.

Guatemala: El Estado de sitio, esta vez, para proteger la "inversión" canadiense. Ollantay Itzamná 

El Gobierno decretó estado de sitio en cuatro pueblos indígenas, y el ejército desplegó cientos de efectivos para ocuparlos, por protestar contra la minera

El Presidente Otto Pérez Molina, militar retirado (acusado por sus ex camaradas como coresponsable de genocidio cometido durante la guerra interna), decretó, el pasado 1 de mayo, el segundo Estado de sitio en lo que va de su gobierno. Esta vez, para reprimir al pueblo indígena Xinca, en los municipios de Jalapa y Mataquescuintal (Departamento de Jalapa), y en Casillas y San Rafael Las Flores (Departamento de Santa Rosa), y para proteger las “inversiones” de la empresa minera canadiense Tahoe Resources (Mina San Rafael).

El 1 de mayo del 2012, Pérez Molina también decretó otro Estado de sitio en contra del pueblo Maya, en el Municipio de Barillas, Huehuetenango, para defender los intereses de la empresa española Hidro Santa Cruz, que actualmente opera con mediana calma porque se logró asesinar y encarcelar a las y los dirigentes de las organizaciones en resistencia del lugar.
Estos estados de sitio no sólo coinciden en fechas y objetivos, sino en su método de aplicación.

Estado de sitio permanente como método de gobierno

Tanto en el caso de la hidroeléctrica española, como en el caso de la minera canadiense, el gobierno autorizó a ambas empresa la exploración y explotación de los proyectos, en contra de la voluntad expresa de los pueblos indígenas afectados del lugar.

Ante la presencia incómoda de las maquinarias de las empresas, ambos pueblos indígenas gestionaron diálogos con el gobierno, y al no ser escuchados se movilizaron e impidieron la invasión de las empresas a sus territorios. En ambos casos, las guardias privadas de las empresas dispararon y asesinaron a bala a algunos de los dirigentes indígenas movilizados, situación que desató la ira de las y los organizados en resistencia quienes incluso quemaron maquinarias y detuvieron a agentes estatales.

En ambos casos, inmediatamente el gobierno decretó Estado de sitio movilizando vario millares de militares/policías a la zona para detener a todos los y las dirigentes indígenas, para luego llevarlos a la cárcel por delito de terrorismo y crimen organizado. ¿Será una coincidencia? ¿O será el método poco inteligente del gobierno de Mano Dura?

En lo que va del gobierno de Otto Pérez Molina, se asesinaron selectivamente cerca de 20 dirigentes de organizaciones sociales e indígenas del país que se oponían a la invasión de las empresas extractivas a sus territorios. ¡Pero no existe un solo detenido o enjuiciado por dichos delitos! Eso sí, las cárceles se están llenando de dirigentes indígenas y campesinos conscientes que encarnan la soberanía y dignidad de este país asediado por las transnacionales.

Sólo para indicar un par de datos. La ilusión en la “inversión” privada es tal en Guatemala que, cerca del 60% del territorio nacional cultivable se encuentra bajo el control de las empresas de monocultivo. Existen 428 proyectos mineros (176 son metálicas) en todo el territorio nacional, cuya extensión es mucho más pequeña que un Departamento de Bolivia o de Perú.

Inversión o invasión canadiense

En los últimos tiempos, Canadá ha expandido a más 100 países sus inversiones en materia de minería y de petróleo. Del total de la inversión canadiense en estos rubros, el 70% se encuentran en el extranjero. Pero, las acusaciones por violaciones de derechos humanos, generación de convulsión socioambiental, conflictos laborales, etc. se levantan en diferentes partes del mundo en contra de las empresas canadienses. Sólo para mencionar casos en Latinoamérica:

Chile. Las actividades de la empresa canadiense Barrick Gold, en el mega proyecto minero Pascua-Lama, fueron paralizadas por orden de autoridades judiciales chilenas por delitos socioambientales.

Bolivia. El gobierno boliviano revirtió recientemente el negocio minero de South American Silver Corporation en Potosí, por incumplimiento de los acuerdos. Actualmente, dicha empresa canadiense inició un arbitraje internacional en contra del Estado boliviano.

Perú. El pasado año, la empresa canadiense petrolera Talismán salió urgido de la Amazonía peruana ante la resistencia y convulsión del pueblo Achuar, también por abusos medioambientales.

Honduras. La empresa minera canadiense Goldcorp (que extrae oro a cielo abierto en Valle de Siria, Morazán, Honduras), fue acusada como una de las empresas promotoras del golpe de Estado que destituyó a Manuel Zelaya, en junio de 2009. El motivo del involucramiento de esta empresa en dicho golpe habría sido porque el entonces Presidente Manuel Zelaya intentó prohibir la minería a cielo abierto, el uso de cianuro y la sobreutilización del caudal de las cuencas hídricas en los proyectos mineros. Hace unos meses atrás, el gobierno de Pepe Lobo (que emergió fruto del golpe de Estado), promulgó una Ley minera redactada entre Toronto y Tegucigalpa que aprueba todo lo que Zelaya intentó prohibir. Actualmente, de las más de 200 solicitudes de concesiones mineras en Honduras, cerca de la mitad son de empresas canadienses.

Guatemala. En la actualidad, en Toronto, Canadá, un tribunal estudia si juzga o no a la empresa minera canadiense Hudbay por violaciones de derechos humanos en Guatemala. Y, desde el 1 de mayo, del año en curso, el pueblo Xinca (en el oriente del país) soporta la militarización y el Estado de sitio para garantizar las actividades a la empresa minera canadiense Tahoe Resources, en contra de la voluntad expresa de dicho pueblo indígena.

¿Será que la milicia de traje y corbata, que (des)gobierna a este país policromático desconoce estas referencias? ¿O será que se tomó muy en serio el espejismo neoliberal del “crecimiento” económico que supuestamente hace de Guatemala un país pujante? ¿Qué ocurrirá en la mente del Sr. Presidente quien argumenta no tener las manos manchadas de sangre?

Lo cierto es que el haber convertido al deficiente Estado de Guatemala en un desalmado gendarme de la “inversión” extranjera para criminalizar, perseguir y asesinar a la conciencia moral del pueblo nadie lo va a perdonar. Las y los guatemaltecos conscientes, indígenas o no, organizados y movilizados para defender los bienes naturales del país, no son criminales, ni terroristas. Son el reducto y bastión de la dignidad y de la soberanía de este país cuyas élites fueron incapaces de expresar.

Sr. Presidente, no acelere Ud. la dinámica de la creciente convulsión social generalizada en el país que podría derrocarlo desde las calles antes que Ud. cumpla el período de su mandato. Este pueblo ya comenzó a perder el miedo al rifle y a la bota militar. Recuerde, Sr. Presidente, que los procesos revolucionarios de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, etc. se deben, en buena medida, al recrudecimiento violento de la tiranía del sistema neoliberal.

Guatemala: Militares toman cuatro poblados de Guatemala opuestos a minería
Guatemala: Minería prende la mecha de bomba socioambiental

La policía Canadiense promueve una ley de protección al menor "C-30", para controlar internet.

  Los estados controlan las calles, el trabajo, la mercancía y el capital. Ahora en todos los sitios se intenta también controlar la red. Por cualquier medio.
  En este caso es en Canadá donde la propia policía es capaz de proponer una ley y hacerla llegar al perlamento esperando que se vote.
  Como siempre el fascismo se viste de mil colores para engañar a la persona dormida: sus promotores intentan controlar a todos los usuarios de internet con la escusa de proteger a los menores frente los abusos en internet. Utilizan la emocionalidad y la exageración para mentir sobre sus fines.
  Recordemos medidas similares impuestas en estados Unidos como las leyes PIPA, CISPA, ACTA o SOPA que bajo la pretensión de garantizar los "derechos de autor" querían monitorear todas las comunicacoines. En China es obligatorio el registro de nombre y apellidos de los usuarios de redes sociales. En todo el planeta Google impide el acceso a ciertas páginas web que solicitan los gobiernos, siendo el propio Youtube prohibido en muchos países.
Traducido del artículo: Canadian Police urge Parliamente to pass domestic spying bill. RT

Las policías de todo Canadá apremian a Ottawa [capital de Canadá] para resucitar una polémica ley de vigilancia de Internet que les permitiría controlar las actividades digitales de los canadienses en tiempo real y sin orden judicial.
La Asociación Canadiense de Jefes de Policía ha hecho un llamamiento para que el gobierno federal  apuebe la "Ley C-30", también conocida como de "Protección de los Niños contra los Depredadores de Internet" en una reunión de los ministros de la justicia provincial y federal la semana que viene.
El grupo está preocupado de que el Parlamento cierre antes de que sea aprobada.
"Tenemos miedo de muera durante la tramitación", dijo el jefe de policía de Vancouver Jim Chu, quien también es el presidente de la asociación. "Y si lo hace, nuestros investigadores se verán limitados y las víctimas van a sufrir un daño mayor," según informó al medio Canadian Press.
El subjefe de policía Warren Lemcke, de acuerdo con la evaluación de Chu, dijo que "en este momento hay pandilleros que se comunican para planear asesinatos y nosotros no podemos interceptar eso", al medio CBC news.
La propuesta legislativa, introducida en el Parlamento de Canadá en febrero pasado, exige que la industria nacional de telecomunicaciones refuerce la autoridad policial con capacidad "para interceptar comunicaciones y exigir a los servidores de servicios de telecomunicaciones que proporcionen datos de abonados y otras informaciones, sin menoscabar injustificadamente la intimidad de las personas, la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones a los canadienses o la competitividad de la industria de telecomunicaciones canadiense".
Si se aprueba, la ley también daría a la policía el poder de convertir en delito el uso de medios sociales como una herramienta para dañar, acosar o alarmar personas. También se le permitiría el acceso a datos privados de la persona, como el nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico sin orden judicial.
La ley pediría a las empresas implantar  sistema de rastreo en sus programas para que la policía, si fuera necesario, pudiera espiar conversaciones en chats con las necesarias autorizaciones legales.
Hasta ahora, la C-30 ha sido dejada de lado por el Parlamento, y no ha sido objeto de debate después de recibir críticas masivas cuando se publicó inicialmente.
Los críticos alegaron que las autoridades probablemente usaría estos nuevos poderes para hostigar a los manifestantes pacíficos y activistas políticos.
Se organizaron una serie de protestas de medios sociales , uno de los cuales distribuyó datos de carácter personal de ficheros de divorcio del promotor del proyecto de ley  de Seguridad Pública, el MinistroVic Toews.
También marcharon por las calles, exigiendo controles a lo que serían ilimitados poderes de la policía.
Una encuesta de opinión pública realizada por Angus Reid después de la introducción del proyecto de ley llegó a la conclusión de que "la idea de entregar datos de suscriptores e identificarlos sin orden judicial" es rechazada por casi dos tercios de los canadienses.