La policía Canadiense promueve una ley de protección al menor "C-30", para controlar internet.

  Los estados controlan las calles, el trabajo, la mercancía y el capital. Ahora en todos los sitios se intenta también controlar la red. Por cualquier medio.
  En este caso es en Canadá donde la propia policía es capaz de proponer una ley y hacerla llegar al perlamento esperando que se vote.
  Como siempre el fascismo se viste de mil colores para engañar a la persona dormida: sus promotores intentan controlar a todos los usuarios de internet con la escusa de proteger a los menores frente los abusos en internet. Utilizan la emocionalidad y la exageración para mentir sobre sus fines.
  Recordemos medidas similares impuestas en estados Unidos como las leyes PIPA, CISPA, ACTA o SOPA que bajo la pretensión de garantizar los "derechos de autor" querían monitorear todas las comunicacoines. En China es obligatorio el registro de nombre y apellidos de los usuarios de redes sociales. En todo el planeta Google impide el acceso a ciertas páginas web que solicitan los gobiernos, siendo el propio Youtube prohibido en muchos países.
Traducido del artículo: Canadian Police urge Parliamente to pass domestic spying bill. RT

Las policías de todo Canadá apremian a Ottawa [capital de Canadá] para resucitar una polémica ley de vigilancia de Internet que les permitiría controlar las actividades digitales de los canadienses en tiempo real y sin orden judicial.
La Asociación Canadiense de Jefes de Policía ha hecho un llamamiento para que el gobierno federal  apuebe la "Ley C-30", también conocida como de "Protección de los Niños contra los Depredadores de Internet" en una reunión de los ministros de la justicia provincial y federal la semana que viene.
El grupo está preocupado de que el Parlamento cierre antes de que sea aprobada.
"Tenemos miedo de muera durante la tramitación", dijo el jefe de policía de Vancouver Jim Chu, quien también es el presidente de la asociación. "Y si lo hace, nuestros investigadores se verán limitados y las víctimas van a sufrir un daño mayor," según informó al medio Canadian Press.
El subjefe de policía Warren Lemcke, de acuerdo con la evaluación de Chu, dijo que "en este momento hay pandilleros que se comunican para planear asesinatos y nosotros no podemos interceptar eso", al medio CBC news.
La propuesta legislativa, introducida en el Parlamento de Canadá en febrero pasado, exige que la industria nacional de telecomunicaciones refuerce la autoridad policial con capacidad "para interceptar comunicaciones y exigir a los servidores de servicios de telecomunicaciones que proporcionen datos de abonados y otras informaciones, sin menoscabar injustificadamente la intimidad de las personas, la disponibilidad de servicios de telecomunicaciones a los canadienses o la competitividad de la industria de telecomunicaciones canadiense".
Si se aprueba, la ley también daría a la policía el poder de convertir en delito el uso de medios sociales como una herramienta para dañar, acosar o alarmar personas. También se le permitiría el acceso a datos privados de la persona, como el nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico sin orden judicial.
La ley pediría a las empresas implantar  sistema de rastreo en sus programas para que la policía, si fuera necesario, pudiera espiar conversaciones en chats con las necesarias autorizaciones legales.
Hasta ahora, la C-30 ha sido dejada de lado por el Parlamento, y no ha sido objeto de debate después de recibir críticas masivas cuando se publicó inicialmente.
Los críticos alegaron que las autoridades probablemente usaría estos nuevos poderes para hostigar a los manifestantes pacíficos y activistas políticos.
Se organizaron una serie de protestas de medios sociales , uno de los cuales distribuyó datos de carácter personal de ficheros de divorcio del promotor del proyecto de ley  de Seguridad Pública, el MinistroVic Toews.
También marcharon por las calles, exigiendo controles a lo que serían ilimitados poderes de la policía.
Una encuesta de opinión pública realizada por Angus Reid después de la introducción del proyecto de ley llegó a la conclusión de que "la idea de entregar datos de suscriptores e identificarlos sin orden judicial" es rechazada por casi dos tercios de los canadienses.