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domingo, 25 de marzo de 2018

¿Por qué el Gobierno Español se Negiega a Legalizar 200 Nuevos Medios de Comunicación? - Entrevista a Pascual Serrano

La censura no tiene límites. Con los medios masivos totalmente amordazados solo hay un punto de fuga, los medios de contrainformación y comunitarios.


El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas investiga a nuestro país por excluir a las televisiones comunitarias en el reparto de licencias y, además, este organismo internacional examinará si el gobierno ha vulnerado 5 artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, un tratado firmado por España en 1977La denuncia, presentada por la Red de Medios Comunitarios (ReMC) y por RTV Cardedeu (Barcelona) en julio de 2017, repasa las siguientes violaciones legales del gobierno español. En 2007 la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información estableció que el Gobierno tenía que planificar frecuencias para televisión local de proximidad en funcionamiento, pero el Gobierno no lo hizo.

En 2010, la Ley General de Comunicación Audiovisual obligaba al Ejecutivo a planificar licencias a las televisiones y radios comunitarias antes de marzo de 2011. Ya en su preámbulo establecía que una de las “novedades de esta Ley es el reconocimiento del derecho de acceso a los servicios de comunicación electrónica en condiciones plenas de interactividad, las emisiones en cadena de los servicios de comunicación radiofónicos y los servicios de comunicación audiovisual comunitarios concebidos únicamente sin finalidad comercial”. En su artículo 4 establece que “Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad”. Sin embargo, nada de los derechos referentes a los medios comunitarios sin ánimo de lucro se ha cumplido en ese plazo establecido ni ahora, siete años después.

En 2014, el Gobierno aprobó el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre y de nuevo volvió a excluir a los operadores comunitarios, reservando todas las licencias para empresas comerciales.

A mediados de 2017 el Congreso aprobó una proposición no de ley en la que instaba al Ejecutivo a cumplir la ley y planificar licencias a las TV comunitarias y a las radios. El Ejecutivo no la ha cumplido.
[...]

Fuente - PASCUAL SERRANO: ¿POR QUÉ EL GOBIERNO ESPAÑOL SE NEGÓ A LEGALIZAR A 200 NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? — Canarias-semanal.org 23.3.2018 por Canarias-semanal.org

¿Recuerdan las numerosas páginas de prensa y la cantidad ingente de horas de noticias que los medios españoles dedicaron a denunciar "ataques a la libertad de expresión" en Argentina, Ecuador o Venezuela? Pues bien, ahora los lectores tendrán la oportunidad de constatar la nula atención que los grandes medios españoles le dedicarán al proceso de investigación Iniciado por las Naciones Unidas contra España por Su negativa a legalizar a más de 200 medios comunitarios de información radiofónica y televisivaREDACCIÓN CS

Pascual Serrano es un conocido periodista y ensayista español, especializado en temas de comunicación y autor, asimismo, de títulos tales como"Washington contra el mundo", "Violencia y medios de comunicación", "Traficantes de información, "La historia oculta de los grupos de comunicación españoles"…

Hace unas pocas fechas Serrano publicó un artículo titulado "¿Sabías que la ONU investiga a España por negar la legalización a 200 medios de comunicación?" , en el que el periodista ponía de relieve el férreo control que los diferentes gobiernos del régimen monárquico han ejercido para controlar e impedir la aparición de medios de comunicación alternativos.

Con objeto de facilitar la lectura en Internet del artículo de Pascual Serrano, hemos recogido los aspectos fundamentales de la misma, presentándolos en forma de entrevista para hacerlos más accesible a nuestros lectores.

P- Las Naciones Unidas han pedido al gobierno español que proporcione información que explique por qué no se han conseguido licencias de televisión y de radio a medios comunitarios.

Si, en efecto, así ha sido. ¿Recuerdan las páginas de prensa y la cantidad horas de noticias que dedicaron los medios españoles a denunciar ataques a la libertad de expresión en Argentina, Ecuador o Venezuela? Ahora todos tendremos la oportunidad de comparar aquel propagandístico despliegue con la famélica difusión que han dado y darán a la noticia de que las Naciones Unidas han pedido al gobierno español que aporte información para explicar por qué no ha concedido licencias de televisión y de radio a medios comunitarios, sobre lo que no hemos tenido la más mínima información de aquí para atrás.

La cuestión es que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha iniciado una investigación a nuestro país por excluir a las televisiones comunitarias en el reparto de licencias. Pero eso no es todo. Este organismo internacional examinará si el gobierno español ha vulnerado o no 5 artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, un tratadoque fue firmado por España en 1977.

P. - Pero el control sobre la creación de medios alternativos, tanto televisados como radiofónicos, no es algo nuevo en España. Ha sucedido prácticamente durante las últimas cuatro décadas, sin hablar ya del férreo control que existía durante el franquismo.

La cuestión es que los diferentes gobiernos españoles han ido invirtiendo más o menos dinero en los medios estatales y concediendo más o menos licencias radioeléctricas para los medios privados en función, naturalmente, de sus afinidades ideológicas.

Pero todos esos gobiernos han sido premeditadamente cicateros con los medios comunitarios, a sabiendas de que en ellos podía encontrarse una línea colectiva y periodística más crítica y menos manejable .

El desprecio hacia ellos ha sido tal que, incluso en la ley audiovisual antes citada de 2010, donde se les da reconocimiento, se precisa que "salvo autorización expresa de la autoridad audiovisual sus gastos de explotación anuales no podrán ser superiores a 100.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 50.000 euros en el caso de los servicios de comunicación audiovisual radiofónica".

P.- ¿Qué sentido tienen esas limitaciones económicas? ¿Cuál es su finalidad?

Están muy claras. Los medios comunitarios deberán, por ley, ser precarios y humildes, con mínimo presupuesto y capacidad, para no crearle competencia a las empresas comerciales. Como consecuencia de esos límites en su facturación no pueden generar empleo. De hecho, solo el 22% de estos medios tienen a alguna persona contratada.

P.- Pero ese tipo de control ¿es similar en todos los países?

- En absoluto. En esos países latinoamericanos a los que nuestros medios privados han presentado reiteradamente como "depredadores de la libertad de expresión", como los casos de Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia o Uruguay, la legislación dividió las licencias de emisión en tres tercios. Un tercio para los medios del Estado, un tercio para los medios privados comerciales yotro tercio para los colectivos comunitarios. En este último tercio se incluye un amplio espectro que de grupos indígenas, sindicales, vecinales… que cuentan, además, con gran cantidad de recursos públicos. Éstos van desde locales a capacitación, apoyo tecnológico o publicidad institucional.

P.- ¿Cuál es el peso de estos medios de comunicación alternativos y comunitarios tienen en el Estado español?

- En España, los medios comunitarios con sus limitaciones pero también con su grandeza, han sido en el mejor de los casos despreciados e ignorados y en otros muchos perseguidos y cerrados. La Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP) tiene registrados 200 medios comunitarios de radio y televisión en España. Una decena de ellos son televisiones.

Alrededor de unas 5.000 personas producen contenidos sin ánimo de lucro. Estos medios se encuentran hoy en una situación de alegalidad, bajo la amenaza de un cierre arbitrario por parte de la Administración, que sabe que es la única forma que tiene de intentar lograr su sumisión editorial.

La cuestión ahora es que ante el requerimiento del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el gobierno español tiene seis meses para responder a las preguntas de la ONU. De lo que podemos estar seguros es de que la gran mayoría de los medios privados, especialmente las radios y televisiones que acaparan todas las licencias, no nos van a contar en sus noticiarios o tertulias lo que vaya sucediendo al respecto.

2 comentarios:

  1. Pues ojalá que nunca salgan adelante estos medios. Son todos de la misma orientación política y sería una dictadura mediática popular...

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    1. Gracias por participar, fuse. Yo creo que hay una gran diferencia entre medios comunitarios y corporativos. Como bien dices hay una posibilidad de que los primeros sean cooptados por los segundos. Pero es que en el caso actual, como denuncia el post, su existencia es testimonial debido a una cerrazón política. Es decir, los medios corporativos creen que les iría peor con los medios comunitarios. Ya solo por eso merece la pena apoyarlos. Salud!

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