(Dan)causa general contra la okupación

(Dan)causa general contra la okupación | Periódico Diagonal,  #blackestoneevicts, #Blackstonedesahucia

El censo de viviendas okupadas elaborado por el nuevo ‘comisario antiokupa’ reúne ya 1.300 casos entre Madrid capital y varias ciudades del sur de la región. La medida está enmarcada en una campaña de “lucha contra la okupación” lanzada por la nueva delegada de Gobierno, Concepción Dancausa.

Acción contra el fondo buitre Blackstone de la PAHen catalunya

Una voz da la bienvenida “al teléfono de comunicados sobre viviendas okupadas de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Madrid”. Acto seguido, la misma voz te invita a que detalles la ubicación de la vivienda que supuestamente está siendo okupada. Estás llamando al 900 100 301, el teléfono habilitado para hacer denuncias anónimas de posibles okupaciones de inmuebles. La misma estrategia formulada por el Ministerio de Interior para “luchar contra el terrorismo islámico”, trasladada desde abril, en Madrid, al ámbito del derecho a la vivienda.

¿Se está utilizando? Dos días después del anuncio de su puesta en marcha, varios medios de comunicación publicaban que la línea estaba “colapsada” por el gran número de llamadas recibidas, aunque sin citar cifras. A preguntas de Diagonal sobre datos concretos, el departamento de prensa de la Policía Nacional ha respondido que ya mandarán nota de prensa “cuando haya un número importante”.

La línea 900 es una de las medidas que llegaron con el nuevo ‘comisario antiokupa’, una nueva figura policial que hasta ahora sólo existe en Madrid y que ha supuesto el salto al estrellato de la delegada de Gobierno en Madrid que sustituyó a Cristina Cifuentes, Concepción Dancausa, que se puso como prioridad la “lucha contra la okupación”. El mismo discurso se produce en referencia a Barcelona, que a principios de junio ha vivido un nuevo episodio con el desalojo, los intentos de reokupación y los abusos policiales en torno al Banc Expropiat.

El País, El Mundo, ABC y otros medios aplaudían el anuncio, hecho conjuntamente en abril por la Policía Nacional, la delegada y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de más policías para acelerar las denuncias de usurpación. También se impulsarán los juicios rápidos, sin fase de instrucción, que actualmente tardan entre cuatro y cinco días, pero que en teoría se reducirán a uno o dos cuando entren en funcionamiento dos nuevos juzgados en Madrid.

Censo de okupas

Otra de las medidas anunciadas ha sido la creación de un censo de okupas que, finalmente, serán dos: un censo realizado por el área municipal de Asuntos Sociales, con el que, según señalan desde el departamento de prensa del Ayuntamiento, “se tratará de identificar casos de mafias que se aprovechen de las necesidades de vivienda”. Son, según ha podido saber este periódico, medidas pensadas para dos edificios concretos de la capital.

Otro censo está a cargo del ‘comisario antiokupa’ y se está elaborando ya sin distinguir los distintos tipos de okupación. Hasta el momento incluye 1.300 viviendas entre la capital y varias poblaciones del sur, según ha podido conocer Diagonal a partir de una reunión mantenida por el nuevo comisario, Sergio Gámez Hortal, con varias asociaciones de vecinos.

El censo del comisario antiokupa dividiría los casos de okupación de viviendas en cuatro tipologías: okupas sociales, okupas ‘étnicos’, okupas extranjeros y “okupas antisistema y 15M”. En todos los casos la vía principal será ir a juicios rápidos e, incluso, se aprovechará el momento del juicio para practicar el desalojo de la vivienda, según afirmó el comisario en dicha reunión. Desde Diagonal se ha solicitado información sobre las funciones y actuaciones a seguir por el nuevo comisario, pero han respondido remitiendo al Ayuntamiento y al departamento de comunicación de la Policía Nacional, que al cierre de esta edición no ha ofrecido respuestas.

Centros sociales

A la vez que Delegación de Gobierno ha puesto el foco sobre las viviendas okupadas, son varios los centros sociales madrileños bajo la amenaza de desalojo: seis miembros del centro social okupado juvenil La Atalaya, en Vallecas, están acusados de usurpación por parte del Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA), que ha solicitado el desalojo del espacio. El espacio vecinal Barrabás, en Vicálvaro, okupado en marzo de 2015, ha recibido también una notificación de desalojo por parte de la Policía Nacional, mientras La Dragona ha mantenido varias reuniones con el Ayuntamiento ante un posible desalojo, pero no se ha conseguido llegar a ningún acuerdo.

“El control municipal al que pretenden que nos veamos sometidos es incompatible con la libertad a la hora de desarrollar nuestras actividades que, por su contenido, son críticas tanto con el Estado, como con la actividad municipal”, explican desde La Dragona, en relación a una posible cesión del espacio, que estaría enmarcada en la ordenanza aprobada en febrero de este año por el Ayuntamiento de Madrid.

Sacar la okupación del discurso

Un “problema que afecta gravemente a los vecinos”, “foco de delincuencia”, “problemas sanitarios”, “tráfico de drogas” y “chinches” son algunos de los problemas que Concepción Dancausa ha relacionado con la okupación. “Es el discurso de los okupas y las mafias. En parte surge de una situación real, pero vinculado a las viviendas públicas compradas por fondos buitre, que han hecho dejación de funciones en sus casas. Sí habrán entrado mafias, pero no de okupación, sino de drogas, etc.”, explica Beatriz García, de PAH Vallekas, uno de los barrios madrileños puestos bajo foco en materia de recuperación de espacios.

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“Es verdad que hay vecinos que lo pasan mal y sienten miedo, pero han denunciado a los fondos buitre y a las administraciones públicas por dejación de funciones, sin embargo los medios de comunicación y las administraciones públicas le han puesto al conflicto el título de ‘mafias de okupas’, cuando algunas de las viviendas donde hay conflictos son de propiedad o están alquiladas y la okupación no era el problema, sino las actividades delictivas que pudiera hacer esa gente”, continúa García.

Los ataques a la okupación vienen después de varios años en los que las cifras de viviendas okupadas se han multiplicado, a raíz de la falta de alternativas de vivienda a la que se han visto condenadas miles de familias.

Entre los años 2010 y 2014, último año del que el Instituto Nacional de Estadística dispone de datos, el número de personas condenadas por usurpación –tipo penal de la ocupación de inmuebles– pasó de los 742 a los 2.042. El aumento de casos estuvo acompañado de una mayor presencia de noticias relacionadas con el derecho a la vivienda en los medios de comunicación generalistas.

Si tomamos como termómetro la web del diario El País, una búsqueda en su hemeroteca muestra cómo de las nueve informaciones en las que aparecía el término “desahucio” publicadas en 2010 se pasó a 126 en 2011 y a 491 en 2013. A partir de ese año los desahucios comenzaron a perder presencia en este periódico –254 textos en 2014 y tan solo 73 en lo que llevamos de 2016–.

La imagen es parecida cuando el término buscado es “PAH” (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) –de las 0 apariciones en 2010 a las 473 en 2013, y de ahí en bajada– e inversa cuando la palabra es “okupa”, que apareció en 84 informaciones publicadas en la web elpais.com en 2013, para pasar a 176 en 2014 y contar ya 80 en la primera mitad de 2016.

El clima de opinión consiguió trasladarse hasta la campaña electoral del pasado 20D, cuando todos los partidos incluyeron en sus programas y discursos el tema de la vivienda, que, sin embargo, ha quedado olvidado en los nuevos comicios de junio tanto por el PSOE como por PP y Ciudadanos.

“Nosotros creemos que la recuperación de edificios ha sido masiva durante la crisis. Consideramos que ahora ha habido alguna instancia que ha considerado que no se puede continuar así, ya sea porque los bancos hayan dado un toque o para que no se consolide la idea de que ocupar es una opción. Han decidido que había que intervenir”, continúa Beatriz, quien destaca que “si la okupación era antes por parte de población más marginal o personas jóvenes, ahora son sobre todo familias que no tienen alternativa habitacional las que, dado que existen muchísimas viviendas vacías, deciden recuperarlas”.

La Dragona, sin llegar a un acuerdo

Este edificio, situado en la puerta del Cementerio de la Almudena, permaneció sin uso durante 26 años. Hoy alberga un gimnasio, una biblioteca, huertos, locales de ensayo, talleres de pintura y radio. Es propiedad de Funespaña, empresa mixta en la que está presente el Ayuntamiento. Aunque ha habido dos reuniones para negociar una posible sesión, desde la asamblea afirman que el “control al que prentenden someternos es incompatible con nuestras actividades”.

La Morada: desalojo sin orden judicial

“Casarrubuelos nº5 era un edifico que llevaba abandonado una década hasta que en 2012 las vecinas del distrito de Chamberí lo convirtieron en el CSOA La Morada”, declara una de las participantes de este centro social. El desalojo, que tuvo lugar el 20 de abril con un saldo de 32 personas detenidas, se hizo después de que la inmobiliaria Inmoglaciar entrara y cambiara la cerradura del edificio. “Policía y Delegación de Gobierno apoyaron un allanamiento”.

Atalaya: desde un instituto abandonado

El instituto Magerit, en Vallecas, cerró en 2011. Tres años después, decenas de jóvenes de este barrio lo reabrieron y restauraron para poner en marcha el primer centro social madrileño juvenil, el CSOJ Atalaya. El edificio es propiedad del IVIMA, instituto de vivienda dependiente de la Comunidad de Madrid. Actualmente hay seis miembros de este espacio acusados de usurpación por parte del IVIMA, que también pide el desalojo del inmueble.

¿Quién es Concepción Dancausa?

Cuando en abril de 2015 Cristina Cifuentes dejó su cargo de delegada de Gobierno para presentarse como candidata en las elecciones a la Asamblea de Madrid –con una factura de más de 1.100 multas a manifestantes–, la sustituyó Concepción Dancausa.

Hija de un político falangista –que también fue fundador de la Fundación Francisco Franco–, Dancausa comenzó su carrera como funcionaria en el Cuerpo del Organismo Autónomo Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales, la institución “heredera del sindicato vertical”, según apuntan desde el Foro por la Memoria. De ahí, en 1996, de la mano de Javier Arenas, pasó a dirigir el Instituto de la Mujer y de ahí al Congreso y a la Secretaría de Asuntos Sociales.

Posteriormente fichó por el proyecto de Esperanza Aguirre para la Comunidad de Madrid. Fue presidenta de la ONG Fundación Humanismo y Democracia, beneficiada por subvenciones de la CAM.

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