Cuanto más lejos se produce el evento menos afecta a los que desayunamos con el periódico abierto en otra parte del mundo. 2.000 muertos en la India pesan menos que un cadáver a la puerta de casa. La muerte de los mineros sudafricanos se perdió pronto, no hay nada más viejo que un periódico de ayer reza un axioma periodístico. Seis víctimas más para engrosar la interminable nómina de la ignominia. Pero esta vez la noticia tuvo una secuela aún más inquietante aunque también viniera con letra pequeña y en un rincón olvidable: Invocando una ley de la época del apartheid los jueces que juzgaban la masacre decidieron acusar a los mineros huelguistas por la muerte de sus compañeros abatidos por la policía. La argumentación del tribunal era tan simple como criminal: Al convocar y seguir la manifestación los mineros habían puesto en peligro la vida de sus compañeros, suponemos que también las de los policías represores y asesinos, y por lo tanto eran responsables de las muertes acontecidas. Nunca sabremos si en el dictamen judicial se incluían posibles indemnizaciones a los verdugos policiales por los daños morales que pudieron sufrir al tener que matar a los revoltosos. Y no lo sabremos porque un dictamen posterior invalidó su decisión por referirse a una ley obsoleta y fuera de uso.
En España, el desafuero felizmente abortado de los jueces sudafricanos sirvió sin embargo como precedente para reafirmar las reformas del código penal suscritas por el presunto ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, compartidas y celebradas por el gobierno del PP, especialmente por el ministro del Interior (de lo Anterior) y por la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. El organizador de las manifestaciones del 25 S ha sido condenado a una multa de 5.000 euros como responsable de los incidentes y de las desaforadas cargas policiales de los antidisturbios y en las nuevas leyes se recogen graves multas y penas de cárcel para los convocantes de manifestaciones en las que se produzcan actos violentos y alteraciones del orden público. Una ley del apartheid sudafricano al alcance de todos los españoles.
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