Otras quiebras bancarias que también pagamos entre todos

• A estas alturas todos y cada uno de los españoles sabemos que las ayudas a la banca, su rescate reciente, lo vamos a pagar entre todos. Lo que probablemente muchos no sepan es que no es la primera vez que nuestros impuestos se utilizan para salvar a los banqueros. Muchas han sido las ocasiones en que esto ha sucedido.

Durante los cuarenta años de dictadura, de acumulación capitalista, la banca se había convertido en un mito. El pueblo llano pensaba que todo podía caer, menos la banca. Había un sentido de permanencia por el hecho de contar con el dinero de otros, que la hacía, aparentemente, invulnerable. Banqueros y capitalistas lo sabían bien, y de ahí varias consecuencias. 
- Primera: la lucha feroz durante el franquismo para conseguir patente de banquero, para conseguir autorización para abrir un banco. Recomendaciones y presiones de todo tipo llegaban hasta los más altos despachos, incluso el de El Pardo. A la vez, la banca establecida frenaba, con todos sus medios, la apertura del «club». 
- Segunda: la falta de sensibilidad del sector por establecer fondos de garantía o seguro por si un banco tenía dificultades. 
- Tercera: la ineficaz actividad del Banco de España para conocer de verdad las bases y la situación del negocio bancario. En resumen, el club era seguro, por tanto, por una parte, había que estar en él, y por otra, no valía la pena vigilarlo.

Las cosas realmente no eran como parecían y con la caída del régimen parte de la realidad salió a la luz, acabada la dictadura y por tanto su total protección muchos banqueros se apresuraron a garantizarse el futuro a costa de la quiebra de sus bancos. Un informe de la AEB (Asociación Española de Banca) presentado en la Universidad Menéndez Pelayo señala que en 1978 de los 108 bancos existentes en España, 51 se habían declarado en quiebra o en suspensión de pagos o habían sido intervenidos preventivamente por el Estado. La crisis afectaba al 46,2 % de las entidades bancarias.

El Banco de España principalmente y la banca privada tuvieron que destinar 886.837 millones de pesetas para reflotar los bancos en crisis. Los directivos de los bancos afectados ni siquiera pisaron la cárcel. José María Gonzalez Cobos, directivo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD que se ocupo del Banco de Descuento y que se atrevió a defender los intereses del Estado en la resolución de la crisis, acabó procesado a causa de una querella presentada por los directivos del banco. La Audiencia Provincial de Barcelona revocó el procesamiento en marzo de 1984.

El programa electoral de PSOE para las elecciones de 1982 contemplaba las siguientes medidas a adoptar en caso de llegar a gobernar, para acabar de una vez con unas crisis bancarias que se habían convertido en una de las principales sangrías de los Presupuestos Generales:

"El Estado hará uso de su opción de compra sobre los bancos saneados, cuando la normalización de la entidad se realice con fondos mayoritariamente públicos". "Se reforzará la acción legal sobre los banqueros con responsabilidades personales en la situación crítica de sus entidades, modificándose el derecho aplicable y mejorando la actuación de la Administración de Justicia en estos temas".

Tras la victoria electoral del 28 de febrero de 1982, con el respaldo del 48 % de los votos emitidos, el PSOE alcanzó la mayoría absoluta en el Congreso. Parecía que había llegado la hora de que todo el mundo, incluida la clase bancaria, iba a ser igual ante la Ley. El procesado y alto ejecutivo del FGD José María Gonzalez Cobos empezaba a soñar con  la intervención de la justicia en el sector bancario, el resto de los españoles también.

Así parecía que iba a ser. El mismo día que Felipe Gonzalez se instala en Moncloa, el Fiscal General del Estado, siguiendo las instrucciones recibidas del Banco de España, ya tiene presentadas en los juzgados querellas criminales contra, entre otros, los directivos de los bancos de Descuento, Navarra, Occidental, Valladolid, Levante y Banco de los Pirineos. Finalmente los banqueros quedaron, como siempre, impunes y los españoles, como siempre, pagamos las consecuencias de sus tropelías.

Banco de Descuento

De la inspección efectuada por el FGD se desprende que los directivos del banco,Diego Prado y Colón de Carvajal, Ángel Perejordi, Enrique García Ramal, Jorge López Doriga, y Vicente Miguel Lasanta., habían creado la empresa Castellana,13 a través de la cual recompraron un paquete de acciones del banco previamente adquiridas por José María Ruiz Mateos. Castellana, 13 utiliza el dinero del banco para pagar el paquete de acciones sin contabilizar la salida en los libros del banco. Se descubre la existencia de otra sociedad tambien participada por los directivos del banco, a través de la cual compraron el edificio sede del banco en la calle Serrano de Madrid. El vendedor es Mohamed Cali, al que abonan 300 millones por el edificio, veinticuatro horas más tarde se lo revenden al banco por 600 millones. Como consecuencia de estas operaciones y otras más que se llevan a cabo, la caja del banco no cuadra y ante los inspectores del FGD debe cuadrar. La maniobra que llevan a cabo los directivos para que la caja cuadre es cuando menos rocambolesca. Antes de que los inspectores se presenten en las sucursales, el dinero se traslada en maletas desde Barcelona oficina por oficina, de manera que el mismo dinero se contabiliza varias veces. Antes de que el FGD emita su informe, los directivos del banco se llevan el dinero directamente de la caja fuerte, dejando en su lugar unos burdos vales manuscritos. Cuando la Fiscalía General del Estado presenta las querellas por estafa Perejordi y García Ramal huyen del país. García Ramal es trasladado al aeropuerto de Barajas en el coche de un ministro. Salvo Diego Prado que estuvo unas horas en prisión, ninguno pisó la cárcel.

Banco de Valladolid

Domingo López Alonso, gracias a su amistad con el entonces presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro, compra en New York, en extrañas circunstancias, el Banco Medina y lo transforma en el Banco de Valladolid. Ya convertido en banquero Lopez Alonso, antiguo minero, compra la finca toledana El Manojar, de 500 hectáreas. La repuebla de truchas y corzos y organiza cacerías a las que siempre acuden personalidades destacadas del franquismo, el general Iniesta Cano nunca falta. El presidente utiliza el dinero del banco para financiar negocios personales en Chile, Argentina, Panamá y Texas (USA), sus directivos hacen lo mismo. Cuando el FGD se hace cargo del banco el principal deudor del banco (7.000 millones de pesetas) es el promotor inmobiliario José Luis Pinto Fontán, con el dinero prestado ha llevado a cabo importantes urbanizaciones en el suroeste de Madrid (Villafontana y Nuevo Habitat). El segundo deudor más importante (4.000 millones de pesetas) es un grupo de empresas propiedad del presidente del banco. Entre 1977 y 1978, el Banco de España detectó graves irregularidades en el Valladolid. A principios de 1978 se acordó que Domingo López (que controlaba el 64% del capital) dejara la presidencia en favor de Vicente Calderón, el que fuera presidente del Atlético de Madrid, pero éste, acosado por el dueño del capital, desistió. El Banco de España estableció que el 62% del riesgo estaba concentrado en empresas de la familia López Alonso, parte de ellas en quiebra. Para solucionarlo, el supervisor diseñó un curioso sistema: las buenas empresas debían asumir las deudas de las malas. Acto seguido, el Valladolid entregaría alrededor de 6.000 millones de pesetas de entonces a las empresas buenas, que se lo trasferirian a las malas y en ese momento el banco se quedaría sin morosidad. Domingo López, con plenos poderes, aceptó el acuerdo, pero cuando llegó el momento de hacer las transferencias, no las envió a sus empresas quebradas sino a otros destinos. Resultado: se vacía de capital el banco y queda abocado a la quiebra. El 1 de diciembre de 1978, tras un duro forcejeo, Corporación Bancaria compra el 63% de las acciones de Domingo López por una peseta por título, es decir, cinco millones de pesetas. Pero al entrar en los despachos se descubrió que habían desaparecido los resguardos de las transferencias. Se sospechó que Domingo López se llevó los 6.000 millones, pero, por razones no aclaradas, nunca se le denunció ante la Fiscalía. El Estado sanea el banco y se lo vende al Barclays Bank en 1981, única entidad que mostró interés por él, por 800 millones de pesetas. La filial española de la entidad británica cuenta con "indemnidad frente a terceros" por lo que la responsabilidad económica es del Fondo de Garantía.. Cuando la Fiscalía presenta la querella en los juzgados Domingo López se va a vivir al extranjero. La Brigada de Delitos Monetarios informa a la Fiscalía que Domingo López ha sacado divisas de España para rehacer sus negocios en Chile, México y Argentina, a través de las navieras Galgofer y Salmedina. El Fiscal General del Estado no presenta querella contra él. 

Banco de los Pirineos

Imputados: Higinio Torras Majem. Ex-diputado de UCD en el Parlamento catalán.  Miembro del Opus Dei. Propietario de la papelera Torras Hostench. Amigo del ex-ministro franquista Laureano López Rodó. Cuando salta el escándalo de la quiebra se traslada a vivir a Bahía (Brasil) donde monta una empresa de pasta de celulosa. Estando en busca y captura por la Interpol hasta renueva su pasaporte en Brasil. No pisa la cárcel. Fallece en 1989, veintisiete días después de que la justicia iniciara los trámites legales para procesarle. En 1982 los depositantes del banco interponen una reclamación administrativa contra el banco de España en la que solicitan que se les abonen 872 millones de pesetas que tenían depositados en la entidad. La reclamación se fundamenta en la normativa jurídica sobre responsabilidad patrimonial de la Administración, que contempla la posibilidad de indemnizar a los particulares, "siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". En la tesis de la demanda, el Banco de España y el Fondo de Garantía de Depósitos han producido esta lesión a los impositores del Banco de los Pirineos por "el incorrecto ejercicio o, lo que es más grave, la no utilización" de las facultades interventoras de la autoridad monetaria, puesto que en el caso de que hubiesen desempeñado sus atribuciones "con el celo y la diligencia necesaria, se habrían detectado, sin lugar a dudas, y, en su caso, enmendado y corregido las irregularidades del banco antes de que éste se precipitase en la insolvencia". Señalan además que la política de alto volumen de riesgo concedido por el banco a las firmas vinculadas a él o a su consejo de administración, y que fue la principal causa de la insolvencia, "fue advertida por el Banco de España a raíz de una inspección practicada a finales de 1978" a los administradores, quienes contestaron con certificaciones falsas.

Banco de Levante

En junio de 1983 la Fiscalía General presenta ante la Audiencia Naciona querella criminal contra José Miguel Garrigues Walker, (casado con Elena Borbón Barucci, hija de Isabel Francisca de Borbón y Borbón), y seis consejeros del banco. El FGD demuestra que el banco ha concedido créditos empresas del grupo por un importe superior a los 27.000 millones de pesetas, empresas la mayoría de ellas insolventes y vendidas por la familia Garrigues al banco cuando ya se encontraban en quiebra técnica. Además durante los años 1978 y 1979 la familia Garrigues, que ya tienen el control del banco, adquiere a través de empresas de su propiedad seis millones de acciones de Renta Inmobiliaria hasta ese momento en poder del banco de Levante. Las acciones las compran a un precio inferior entre un 50 y un 60 % a su valor nominal, posteriormente se las vuelven a vender al banco al 280 % de su valor, proporcionando a la familia Garrigues unos beneficios superiores a los 7.000 millones de pesetas. En 1984 el Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional deniega el procesamiento. La Fiscalía recurre y en 1986 la Audiencia ratifica la decisión inicial: No hay motivos para el procesamiento y las diligencias deben ser definitivamente archivadas. El Fondo de Garantía de Depósitos tuvo que poner 59.716 millones de pesetas.

Banco Occidental

El presidente del Banco Occidental, Gregorio Diego Jiménez, fue procesado en 1984. En el auto de procesamiento se requería a Diego Jiménez para que prestase una fianza, como garantía de responsabilidades pecuniarias, de 43.000 millones de pesetas. En las investigaciones sumariales se señaló que Diego Jiménez ejercía un poder total en el banco, al dominar económica y financieramente todas las decisiones que afectaban al patrimonio del mismo y de las sociedades de su grupo financiero, como Unión Inversión Mobiliaria, SA; Sotil, SA; Cartera Ibérica de Inversiones; Autoparking, TBK Inversiones y Sociedad Oceánica de Alimentación. En todas estas sociedades Jiménez ostentaba cargos de decisión, personalmente o por delegación. Valiéndose de su poder en el banco concedió préstamos con el capital de la entidad para las empresas del grupo. Los préstamos repercutían en su favor, y se llevaba los sueldos, dietas y beneficios económicos que le reportaban sus cargos y puestos de dirección en dichas empresas. Además, renovaba los préstamos y créditos, a pesar de que ni el capital ni los intereses eran devueltos al banco en los vencimientos respectivos. Inspectores del Banco de España designados a través del Fondo de Garantía de Depósitos advirtieron en el año 1980 la existencia de pérdidas expresas o tácitas del banco que ponían en peligro su normal funcionamiento y solvencia, y el 11 de junio de 1981, el consejo ejecutivo del Banco de España acordó conminar al consejo del Occidental para que en el plazo de siete días comunicase la situación de pérdidas y solicitase la ampliación de capital para cubrir el coeficiente de garantía. El entonces presidente del consejo nada dijo de esto a los miembros del consejo y a la junta general de accionistas del 20 de junio de 1981, siendo poco después suspendido en sus funciones. El 10 de agosto de 1984 el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, dictó orden de prisión incondicional, pero Diego Jiménez ya había huido de España, probablemente a EE UU, por lo que se tuvo que dictar una orden de búsqueda y captura.

Banco de Navarra

El Banco de España decidió el 17 de enero de 1978  la intervención del Banco de Navarra, presidido por Juan Palomeras Bigas, a la vista de la situación de esta entidad y después de que fueran informados el consejo del propio banco emisor y el Consejo de Ministros. Las dificultades por las que atravesaba el banco eran tema habitual de comentarios en el mundo financiero.  En enero de 1976, en el curso de una inspección ordinaria del Banco de España, se descubrieron gravísimas irregularidades financieras. El banco se encontraba fuertemente endeudado con otros bancos, había concedido avales y créditos por encima de los límites legales al grupo empresarial catalán NIPI, presidid por Palomeras y que le había servido a éste, en ejercicios precedentes, para hacerse con el control del banco. Después de un análisis pormenorizado de su situación hecho por el Banco de España y expertos del sector, la solución adoptada supone la intervención del banco que evita la quiebra o suspensión de pagos. La intervención del banco supuso, como efectos inmediatos, la aplicación del fondo de garantía de depositantes, creado hace apenas dos meses. Los depósitos que alcancen hasta la cifra de 500.000 pesetas serán reembolsados con cargo a este fondo, creado por. aportaciones de la Banca y del Banco de España. La cifra de depósitos hasta medio millón de pesetas existentes en el Banco de Navarra supone unos 6.500 millones. Para los depositantes por encima de medio millón de pesetas y por la cuantía superior a esa cifra, el Banco de España facilitará una habilitación especial de fondos para poder reembolsar los compromisos del Banco de Navarra. Por esta vía se tendrán que librar 2.800 millones. Finalmente, cajas de ahorro y cooperativas de crédito tenían depositados 950 millones, y otras instituciones bancarias, por vía de créditos interbancarios, otra cantidad importante. La cancelación de esos depósitos o créditos queda pendiente de la liquidación definitiva que se haga de los activos de la entidad. Palomeras fue juzgado por tres delitos de falsedad en la contabilidad de la entidad, por lo que se le pedían seis años de cárcel. Tanto la Audiencia de Pamplona como el Tribunal Supremo le absolvieron. En este grave revés financiero, Palomeras, el primer banquero detenido y juzgado en España, perdió toda su fortuna personal y fue defendido por el abogado Crispín de Vicente, el mismo que se ocupó posteriormente de la defensa de José María Ruiz-Mateos. El 20 de septiembre de 1981, Juan Palomeras fue nuevamente detenido en Barcelona al no poder hacer frente a una fianza de 30 millones que le impuso un juez en el procedimiento de quiebra. Por esta causa fue encarcelado durante ocho meses. Al ir a detenerle la policía, Palomeras huyó por una ventana de su casa, pese a lo cual fue localizado y conducido a la cárcel. El policía que le detuvo fue Francisco Álvarez, quien durante una etapa en la que se encontraba excedente del Cuerpo había trabajado como responsable de seguridad del Banco de Navarra. La quiebra de esta entidad bancaria terminó en mayo de 1984, tras seis años de litigios, mediante un acuerdo entre accionistas y acreedores. El Banco de Navarra contaba con 750 empleados y 60 oficinas. Desaparecido el banco su ex-presidente Juan Palomeras Bigas, de 55 años, ingresó en 1987 en la prisión de Carabanchel, de Madrid, acusado de un presunto delito contra la salud pública, después de que fuera detenido por funcionarios de la Brigada, Central de Estupefacientes y de la comisaría de Barcelona en el aeropuerto madrileño de Barajas, cuando pasaba droga. a otra persona. Juan Palomeras se inició en el mundo de los negocios con la fundación de la empresa Motion Pictures Investments Co., que produjo algunas películas, como Simón Bolívar o El último sábado. En 1970 transformó esta empresa en un fondo de inversiones, al que bautizó con el nombre de MPI (las iniciales de la compañía cinematográfica), que llegó a tener 30.000 socios y un capital de 4.000 millones de pesetas. En 1974 adquirió el Banco de San Adrián y le cambió el nombre por el de Banco de Navarra. En esta entidad absorbió la Caja de Crédito para la Vivienda, la Caja Continental y la Caja de Crédito y Ahorros.

José María Gonzalez Cobos se equivocaba cuando albergaba esperanzas de que con la llegada del POSE al poder la Justicia se implantaría en la vida española, los españoles también.  Las memorias de la Físcalia General del Estado correspondientes a los años 1982-1990 revelan que en ese periodo se cometieron en España 6.228.000 delitos contra la propiedad. Las personas condenadas que pasaron algún periodo de tiempo en la cárcel no llegan a las cien mil. Con un total de 51 bancos en quiebra o suspensión de pagos, y unos perjuicios económicos causados a la sociedad española de 866.837 millones de pesetas, ni un solo banquero entró en prisión.

Benito Sacaluga, Bailando con Ratas