RAAS: Red Autogestionada Antiprivatización De La Sanidad

La defensa de la sanidad pública requiere de los esfuerzos de todos los integrantes de la misma, usuarios y trabajadores.
Las asociaciones regionales se organizan estatálmente para coordinarse y tener más fuerza por medio de la plataforma RAAS.
Publicamos el manifiesto de constitución del RAAS. http://valencia.cnt.es/2012/03/constituida-la-red-autogestionada-anti-privatizacion-de-la-sanidad-raas/
Para más información dirigirse a cualquiera de los integrantes del grupo.
La propuesta no es mala, aunque ya conocemos como funcionan las coordinadoras. Esperemos que funcione!

"Manifiesto de constitución de la RAAS,  Red Autogestionada Antiprivatización De La Sanidad"

<<Formada por: 
Plataforma Anti-Privatización de la Sanidad de Aragón (PAS), CAS Madrid, Plataforma Matusalén, CAS País Valenciá y grupos constituyentes de las Plataformas de Andalucía, Baleares, Castilla la Mancha y Galicia.


<<Manifiesto
El actual sistema depredador, lejos de conformarse con la acumulación de riqueza en manos de una pequeña oligarquía generando precariedad en la mayoría, ha profundizado en el expolio, y ha puesto sus ojos en los servicios públicos como negocio. Si no lo impedimos, sanidad, educación y los demás servicios sociales se convertirán en una presa más de los "sacrosantos" mercados.


  No cabe duda alguna de que todas las “reformas” que desde hace años han venido introduciéndose en la gestión y prestación de la sanidad pública, han ido dirigidas a la derivación de recursos a empresas privadas, buscando, de esa manera, aumentar su volumen de negocio.


  De esa forma, gobiernos (tanto centrales como autonómicos) de distinto signo político, han ido desmantelando y deteriorando la sanidad pública: infra presupuestándola aun en tiempos de bonanza, introduciendo “nuevas formas de gestión” y aumentando hasta el dislate los conciertos privados externos. Todo ello, convenientemente aderezado con las necesarias modificaciones legislativas, tanto a nivel estatal como autonómico, que han venido otorgando al proceso el necesario marco legal.
  
  La cuestión viene de lejos. En 1991, con mayoría absoluta del PSOE, el Congreso de los Diputados crea la Comisión Abril Martorell para la “reforma del sistema sanitario”. Sus “recomendaciones” sufren un fuerte rechazo popular y, en apariencia, son aparcadas. Sin embargo, en la práctica, han ido siendo aplicadas (en todos los territorios) tanto por el extinto INSALUD como por los Servicios de Salud autonómicos, introduciendo medidas presupuestarias y organizativas preparatorias de la privatización:
- Introducción de la contabilidad analítica, para situar en lugar preeminente el dispositivo económico que supone la evaluación de costes por proceso.
- Ralentización de la inversión en servicios sanitarios públicos al tiempo que se incrementaba a la práctica totalidad de la población el derecho a la asistencia sanitaria, con la correspondiente masificación y deterioro de la calidad.
- Progresiva y sistemática reducción de plantillas y camas públicas, al tiempo que se incrementaba año tras año la concertación de las intervenciones quirúrgicas y las pruebas diagnósticas con la sanidad privada.
- Privatización de los llamados servicios no sanitarios: limpieza, cocinas, mantenimiento, lavandería, seguridad, archivo de historias, …, y posteriormente de los sanitarios encargados de las pruebas diagnósticas: laboratorio, radiología, etc.
- Precarización de las condiciones laborales mediante la aprobación del Estatuto Marco y en constante aumento de la temporalidad en el sector.


En 1997 la mayoría del Congreso (con la excepción de IU y BNG) aprueba la que va a ser la “piedra angular de la privatización”, la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión, norma que plasma una de las principales recomendaciones de la Comisión Abril Martorell (separar la financiación –pública- de la provisión de servicios -pública y privada- para mejorar la eficiencia. Esto permitiría introducir competencia entre los proveedores)estableciendo que todo hospital, centro socio-sanitario o centro de salud puede ser gestionado por cualquier tipo de entidades existentes en derecho; es decir, permite la entrada masiva de la empresa privada directamente en la gestión y provisión de servicios, financiados con dinero público, para explotarlos como un negocio más.


Más recientemente hemos asistido a pruebas irrefutables de la colaboración PP-PSOE en el proceso de privatización sanitario:
· En Madrid, Ayuntamientos gobernados por el PSOE han cedido gratuitamente terrenos al PP para la construcción de hospitales PFI (Parla, Aranjuez, Villalba).
· En Catalunya el propio PSC-PSOE, gobernando con otros grupos de “izquierdas” ha utilizado el mismo modelo de hospital (Baix Llobregat) e incluso aprobó la Ley de Reforma del Institut Català de la Salut (ICS), que convirtió a este organismo (hasta ese momento entidad gestora de la Seguridad Social) en una empresa pública sujeta al derecho privado (con los votos de IU, CiU y ERC).
· En Baleares también el PSOE, gobernando con IU y PSM, ha abierto hospitales del mismo modelo que se critica en Madrid, Valencia o Galicia (Son Espases, Can Misses).
En julio de 2011, aprovechando la tramitación parlamentaria de la Ley de Reforma de la Seguridad Social, y a instancias de CIU, el PSOE aprueba una enmienda que permite el expolio del patrimonio inmobiliario (sanitario y socio-sanitario) de la Seguridad Social y la entrega de su propiedad a las CCAA, que podrán dedicarlo a fines no sanitarios, venderlo, realizar especulaciones inmobiliarias, …; es decir, se legaliza la privatización de las infraestructuras.


Por último, y de nuevo siguiendo una de las más claras recomendaciones de la Comisión Abril Martorell, distintas CCAA especulan con la introducción de copagos, tanto en su versión más tradicional (pago de una cantidad previamente a la obtención de un servicio), como en versiones que buscan el encubrimiento de tamaño desatino (tiques moderadores para evitar los abusos; tasas por cada receta dispensada, por la obtención o renovación de las tarjetas sanitarias; aumentar el porcentaje farmacéutico en función de la renta; cobro de los servicios hosteleros en los hospitales –comidas, aseo, sillón de acompañante, ..-).


Finalmente, como anunció hace unos días el nuevo presidente del gobierno, “se elaborará una cartera básica de servicios para todos los ciudadanos a través de una Ley de Servicios Básicos. La ley exigirá que todas las Administraciones en sus presupuestos distingan los gastos correspondientes a servicios públicos básicos de aquellos que no lo son”. A la vista de lo cual no parece descabellado deducir que determinados servicios y prestaciones serán excluidos de la gratuidad del SNS, siendo necesaria una póliza complementaria de seguro para su cobertura.


Y todo ello, en palabras de Rajoy y como no podía ser de otra forma en nuestro “régimen democrático y participativo”: “Desde el ámbito estatal, y en el marco de nuestras competencias, plantearemos un Pacto por la Sanidad con todos los partidos políticos, Administraciones Públicas y profesionales implicados”.
Y sobre este Pacto, acerca del que inmediatamente se han pronunciado con cierto entusiasmo sindicatos y asociaciones subvencionados, es precisamente del que queremos hablar.
Pactar, hace mucho que se viene pactando (por acción u omisión), y las consecuencias a la vista están.


  En septiembre de 2011 se hizo público un documento llamado “Hablando claro: quién es quién en el proceso de deterioro y privatización sanitarios” en el que se hacían públicas las posturas de distintas organizaciones y cuyo resumen es el siguiente:
- PP, PSOE, CiU, CC, PNV: partidos que aprobaron con sus votos en el Parlamento Estatal, la Ley que permite privatizar la sanidad (15/97 o de “Nuevas Formas de Gestión en Sanidad”). 
- FADSP (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública): critica las privatizaciones en las Comunidades que gobierna el PP y no dice nada en las privatizaciones que ha realizado el PSOE en las Comunidades que ha gobernado y gobierna.
- CCOO: su Federación de Sanidad valoró muy positivamente el consenso alcanzado en el Parlamento sobre las Nuevas Formas de Gestión.
- UGT: no se le conoce una postura clara.
- Sindicatos corporativos de medicina y enfermería: en todo el estado al lado de la Administración.
- Colegios profesionales: no han dado señales de vida.
- Sociedades científicas: subvencionadas por la industria farmacéutica y las administraciones, han guardado un escrupuloso silencio, permaneciendo ajenas al deterioro del sistema.


Viendo esto, pensamos que no podemos ser tan ingenuos como para caer de nuevo en la misma trampa.
Por ello, la Red Autogestionada Anti-Privatización de la Sanidad (RAAS), creada como un espacio de coordinación, entre los diferentes territorios, el día 25 de febrero de 2012 y constituida por organizaciones de distintas CCAA para unificar las luchas que, contra la Privatización de la Sanidad Pública, el co-repago y los recortes, se vienen llevando a cabo en los diferentes territorios, alcanza un acuerdo de mínimos entre sus componentes. 


<<Propuestas
Nuestra propuesta, abierta a nuevas aportaciones, y por supuesto a nuevos miembros, es la siguiente:
- Derogación de la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión.
- Financiación suficiente y finalista.
- No al copago (repago), ni a la implantación de tasas o tiques moderadores.
- No a ninguna nueva Ley de Servicios Básicos que distinga entre prestaciones básicas (las que prestaría el SNS) y complementarias (que precisarían de una póliza privada de seguro).
- No al expolio del Patrimonio de la Seguridad Social, cuyos únicos titulares son los trabajadores.
- Rescate de los centros y servicios ya privatizados/externalizados (y de sus plantillas).
- No a la desgravación fiscal de los seguros sanitarios privados.
- Integración de todas las mutualidades de funcionarios en la sanidad pública (Muface, MUGEJU, ISFAS) y que las Administraciones Públicas tengan prohibido suscribir pólizas colectivas de seguros privados para sus trabajadores.
- Que la información sanitaria sea pública y se democratice la toma de decisiones (participación real de usuarios y trabajadores en la gestión sanitaria).
- Por un sistema de incompatibilidades en el Sistema Nacional de Salud.
- Responsabilidades penales ante toda decisión privatizadora que suponga, por acción u omisión, el deterioro de la Sanidad Pública o que provoque el aumento de la morbilidad/mortalidad en la población.
- Consideramos que las ingentes subvenciones con que las Administraciones Públicas y empresas privadas financian a partidos, sindicatos, asociaciones científicas y profesionales, etc., son el factor fundamental que explica el silencio y la parálisis que desde hace décadas mantienen todas estas organizaciones, ante los procesos de deterioro y privatización de la sanidad. En el caso de las Administraciones Públicas, dichas subvenciones se realizan a cargo del dinero de nuestros impuestos, por tanto, exigimos la anulación de éste tipo de subvenciones con el fin de preservar la independencia de las organizaciones frente al poder.
- El dinero de estas subvenciones debe ser destinado a investigación, promoción de la salud, prevención de la enfermedad y, atención primaria, que deberían ser prioritarias para el Sistema Nacional de Salud.