Artículo 104 de la Constitución del reino de España:Las Fuerzas y Cuerpos de represivas, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
El Estado ha convertido ese ejercicio de los derechos y libertades en delito:
35 detenidos por participar en el Rodea el Congreso del 25 de septiembre de 2012, que además denunciaron torturas, 4 años de cárcel para Alfon por participar en la huelga general del 14 de noviembre de 2012, dos fotoperiodistas que cubren habitualmente manifestaciones son detenidos en sus domicilios, 4 años de cárcel para 5 profesores tras una protesta por la educación pública en 2011, 4 detenidos en Barcelona sufrieron torturas durante su detención y encarcelamiento , una de ellas, Patricia Heras, se suicidó , 7 detenidos el 14 de diciembre, 5 de ellos con orden de alejamiento de 500 m del Congreso, Isma, Javi y Dani, 34 días en prisión preventiva tras una huelga, 12 abogados de la izquierda vasca detenidos el día antes de un juicio en el que participaban como defensores, 7 personas detenidas en la Operación Pandora por ser militantes anarquistas, Isma y Miguel encarcelados durante semanas y aún pendientes de juicio por participar en las Marchas de la Dignidad, peticiones de hasta 3 años de cárcel para los minerosque participaron en las protestas de junio de 2013, 81 años de cárcel para los antifascistas de Vallekas, 300 sindicalistas procesados en todo el Estado con peticiones de cárcel para la mayoría por ejercer el derecho de huelga, 19 detenidos el pasado noviembre en laOperación Araña por publicar comentarios en Twitter, petición de tres años de cárcel para Patricia por parar un desahucio en 2011. 8 años y medio de cárcel para Ángel y Emilio por participar en la manifestación de los mineros en mayo de 2012 en Madrid, miles de identificaciones y multas… Y aún son muchos más las compañeras y compañeros perseguidos.
Y la policía no ha dudado en ejercer la violencia contra el mismo libre ejercicio de los derechos y libertades sin importarles la seguridad ciudadana:
El desalojo brutal de la acampada del 15M en Barcelona en 2011, el cierre con furgones y antidisturbios en cada entrada de la puerta del sol en agosto de 2011, las cargas indiscriminadas llegando a entrar en el metro de Atocha disparando balas de goma de un andén a otro el 25 de septiembre de 2012, las amputaciones como la de Ester Quintana a la que reventaron un ojo con una bala de goma en la huelga general de 2012, la misma en la que detenían a Alfon, las patadas golpes contra los estudiantes, menores de edad del Lluis Vives en Valencia el 2012, las cargas y 45 detenidos en la manifestación de las Mareas Ciudadanas de 2013, las cargas, tocamientos a mujeres, insultos machistas y vejaciones en cada manifestación feminista, el ataque de un ejército policial armado contra civiles desarmados en Colón en las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo de 2014, la estrategia para amedrentar que supone desplazar 1.400 antidisturbios para cada manifestación; las agresiones constantes a periodistas intentando dividirlos en periodistas buenos y malos, con chaleco y sin chaleco, el Estado de excepción encubierto durante la abdicación del Borbón en junio de 2014 con la policía impidiendo el paso a cualquiera que portase un simbolo republicano, aunque fuese tan minúsculo como un pin en la solapa de la chaqueta o reteniendo ilegalmente durante horas a cientos de persona, los desalojos de centros sociales a golpes y detenciones, entre los que destacan los brutales derribos de Can Vies y la Traba, muy recientes agresiones sin mediar palabra y sin aviso previo contra la manifestación del 4 de octubre del 2014 que acabaron con Luis, Doris y Aúrea en el hospital, Luis ingresado con una isquemia coronaria y Áurea con una brecha en la cabeza que requirió 10 puntos de sutura. Tampoco esta lista tendría fin.
Este relato de lo que sucede cuando alguien intenta ejercer un derecho fundamental como el de manifestación, configura un panorama que nos acerca peligrosamente a lo que se entiende por Estado Policial. A todas estas agresiones ya en marcha se suma la tristemente conocida Ley Mordaza. Ni en los últimos años de la dictadura franquista se impuso una ley tan represiva como la que llaman “de seguridad ciudadana”.
El Estado policial aparece no pocas veces sin necesidad de dar lo que tradicionalmente se llama un golpe de Estado. Lo producen paulatinamente. Sus objetivos son casi exclusivamente dos: mantener a raya a los sectores potencialmente peligrosos, es decir, los pobres en general, pero quienes se empoderan como pueblo en particular, y defender a la clase dominante con sus sobres, sus tarjetas black, sus Urdangarines e Infantas, sus reformas laborales, sus rescates bancarios, sus gurteles y casos ERE. En definitiva, asegurarse su forma de vida a costa de los trabajadores y trabajadoras. Y cuando el hecho se ha cumplido, ya poco o muy difícil es evitar el golpe total.
Es responsabilidad nuestra, de los activistas y militantes, construir una cultura democrática que enfrente a este Estado policial no solo en el nivel abstracto, como venimos haciendo con denuncias de la represión y las leyes que quieren imponer, sino también identificando agentes concretos que hacen posible su surgimiento. Entre estos valedores del Estado policial se cuenta con letras mayúsculas la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.
Cifuentes ha venido dirigiendo desde su cargo institucional en los últimos años cada uno de los ataques que contra el derecho de huelga y manifestación se han perpetrado en Madrid, generando algunos momentos de gravísimo peligro para la ciudadanía como durante el Rodea el Congreso del 25 de septiembre de 2012 o las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo de 2014 . Por eso es totalmente necesario para la seguridad del pueblo de Madrid que Cristina Cifuentes cese en su cargo en el más breve tiempo posible.
Tan convencidos estamos de esta necesidad imperiosa, por la seguridad de todos y todas nuestras conciudadanas, que por primera vez la Coordinadora 25s se plantea seguir el trámite burocrático que, para restringir el derecho de reunión y manifestación, exige el Estado. De esta forma, la propia Delegada del Gobierno no podrá negar darse por enterada de que queremos que se vaya y del peligro que representa para los derechos fundamentales y la integridad física de las gentes de Madrid. [Que conste que en la tarcoteca esta medida nos jode, grrr!!!]
Convocamos por ello una manifestación el próximo 28 de febrero 2015 de Neptuno a Sol a las 19 horas bajo el lema:
No al Estado policial. CIFUENTES DIMISIÓN.
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