La tarcoteca

by Pablo Heraklio, PHkl/tctca. Contact at Tarcoteca@riseup.net
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domingo, 27 de marzo de 2022

Lawfare Británico para Recusar al Rey Felipe VI: Una nueva oportunidad Revolucionaria

Law fare Británico para Recusar al Rey Felipe VI: Una nueva oportunidad Revolucionaria

Lo que se ve (en los medios):

La justicia británica estudia el martes cómo será el proceso a Juan Carlos I, con la incógnita sobre si deberá asistir al juicio 25.3.2022

Lo que hay detrás:

Una demanda civil que va a desnudar a la monarquía parlamentaria española 25.3.2022
<<Una vez llegado a este punto, lo menos importante es la decisión que se pueda adoptar respecto de la conducta de Juan Carlos de Borbón. Es la monarquía parlamentaria española la que va a ser desnudada a lo largo del proceso. Porque en la operación de acoso no participó exclusivamente Juan Carlos de Borbón, sino que participó de manera directa nada menos que el General que estaba al frente del CNI.>>

Lo que hay más allá:
La forma de Recusar a un miembro de la élite, incluso de la realeza, sin entrar en detalles sobre su política o actividadeses, son las Causas Diferidas. Los ejemplos son cientos sino miles. En los últimos tiempos tal vez los casos más sonoros fueron, por citar algunos: Strauss-Kahn/ agresión sexual, Clinton/ escándalo sexual-Lewinsky, el Príncipe Andrés/ escándalo sexual, Epstein/ escándalo sexual, Mckafee/causas múltiples, Boris Johnson/partygate, Sarcozy/financiación ilegal, el propio Trump/Russiagate... cuando no el asesinato (G Washington, JFK, Oloft Palmer, Carrero Blanco, Arafat, Hariri)... Cualquier cosa con tal de no asumir su verdadera responsabilidad política y su responsabilidad en las guerras y explotación de los pueblos. Estamos viendo una maniobra internacional.

La Peculiaridad de España interviene en el montaje

Es necesario recordar que España tiene una particularidad, sus intereses son defendidos, no por un presidente de la república electo, sino, constitucionalmente, por unas Fuerzas Armadas, comandadas por un entente de generales, cuyo Comandante es el Rey. 

Esto produce un fenómeno que ya se ha explicado numerosas veces, que para las élites la figura del rey sea central y defendida por  liberales, conservadores, franquistas, fascistas, carlistas y monárquicos por igual, un Paraguas de Impunidad. La libertad de movimientos de los generales para enriquecerse y operar militarmente viene dada por el permiso del rey para actuar. Esto es debido a que el rey tiene la capacidad mutante de extender su 'inviolabilidad constitucional' a generales, oligarcas y en general cualquier allegado; es por ello que se convierte figura política central en España. Peor aún, durante siglos han cometido todo tipo de tropelías y corrupciones en su entorno, no al sentirse, sino al ser realmente inmunes a su propia justicia. Justicia que imponen pero no se ven obligados a cumplir. Por siglos se han escudado en el privilegio del rey y con el tiempo la corona a acumulado agravios y cadáveres. Cada vez que una nueva élite se ha instala en el poder cuestiona los horrores, crímenes y desvarío cometidos bajo su tutela. Todos los regentes desde el SXIX han huido al extranjero para preservar su vida; ese es el destino de Felipe VI.

La inviolabilidad del rey a demás viene garantizada por un séquito de jueces que interpretan esta inviolabilidad como una imposibilidad. Sin la interpretación magicofantasiosa, interesada, de esa caterva de jueces, la inviolabilidad sería interpretada como emanada de la ejecución de un mandato presidencial, por tanto, el presidente sería el responsable; no existiría una incapacidad jurídica de sanción. Es tan importante esta composición particular de jueces partidistas que el Consejo General del Poder Judicial gobierna a los jueces sin mandato después de casi 4 años y se espera que gobiernen mucho más. De hecho, si gobiernan ellos y no otros, si no ha sido posible encontrarles un reemplazo, es porque simplemente no lo hay como ellos.

Presión Conservativa, "Cerrojo Real" - Al tratarse de una institución hereditaria, la corona esta no puede regenerarse sino por abdicación; como sucedió en 2014. En este sentido su situación es peor incluso que una dictadura militar. Al acumular causas de las que el máximo responsable es una sola persona, el desgaste es muy alto. La corona acumula causas criminales subsecuentes a la propia naturaleza de la institución, que solo son posible encubrir con más crímenes, generando una retroalimentación positiva. Cuantos más crímenes se comenten más crímenes se necesitan. Cuanto más pasa el tiempo más actores intervienen en la trama. Más empresas participan del crimen, más se cierran entorno a la figura del rey. Así llevamos siglos. La única posibilidad de regeneración proviene de la abdicación; como hemos visto.

Por lo que ¿Qué sucede cuando se pone en riesgo la institución real? Que se trastoca toda la política española. 

¿Es la hora de colgar a Juan Carlos I o es la hora de colgar a España?

No hay nada más que decir. Los casos anteriormente mencionados de recusación se han producido al romperse la 'Omerta' a nivel internacional; cosa de famiglia. La Omerta se ha roto en Suiza y en Inglaterra lugares donde si puede prosperar una demanda; no así en España. Los Panamá papers y en general el periodismo de infiltración se producen en excolonias británicas. Este secretismo internacional es parte del trabajo de estado habitual. Si esta omerta, pacto de silencio, internacional no existiese sería imposible la actividad de ejércitos, tráfico de armas, espías y embajadas. 

Las élites se protegen entre ellas, y cuando se despedazan lo hacen a su modo. No es habitual que se divulguen secretos. Si se difunden no es habitual que tengan repercusión como para llegar a escándalo, ya que es rápidamente silenciado en medios y redes. 

En este caso el secretismo se ha roto, el escándalo ha saltado y hay numerosos intereses que querrán aprovecharse. Es solo cuestión de tiempo que el asunto de familia salpique a Felipe IV convirtiendose en una cuestión de estado. Si la omerta internacional se ha roto es porque hay algún interés internacional.

¿Quién se beneficia de la inestabilidad en España? Actores Insospechados

¿Quién se beneficia, no solo de los problemas de la corona, sino que estos arrastren a España a la ingobernabilidad e incapacidad de desarrollar sus intereses? Tenemos varias fuerzas: las que quieren hacerse con el comercio en España, con su cuota de mercado de armas o desplazar la influencia de España en Sudamérica y Europa. España no tiene más capital.

Esto que os cuento no es novedad, los angloamericanos son más conscientes que nosotros de esta estructura de poder porque llevan utilizándola en su política internacional con Franco, Juan Carlos I y ahora Felipe VI. Portugal y Marruecos no tienen fuerza, Francia no tienen interés, focalizada en África. EEUU no lo necesita, a Alemania no le importa lo más mínimo. El Law-Coup lo patrocina UK desde sus instituciones. Gran Bretaña es la que conecta Londres-Ginebra-Abu-Dabi, tiene interés en controlar Europa por el paso del Estrecho de Gibraltar, tiene interés por las cotas de mercado armamentístico y pugna con España por Sudamérica. Va aponer todos los palos en las ruedas posibles a España. Pero todavía no os llevéis las manos a la cabeza.

Ya se avisa de que será un proceso largo, que se querrá extender más allá de la vida del Emérito; porque eso mantendrá la inestabilidad. Y llegará la crisis. Se cuestionarán las instituciones, y a la corona le pillará débil. Incapaz de renovarse, imposibilitada para operar, responderá como solo los fascistas saben hacer: represión. Esperemos que esa decrépita institución no perviva. Reino Unido redirigirá las influencias, que se traducen en contratos, hacia su homeworld, la City de Londres. Será entonces cuando en Downing Street repartan ginebra. Mientras, en cada rincón de esta roca, tendremos una oportunidad para tomarnos la revancha después de 80 años de dominio fascista, y cambiar el régimen feudal bubónico que nos domina, por una Federación fraternal de comunidades hermanadas. No hay mal que por bien no venga.

¿Suena todo esto a ficción? Solo esperemos al desenlace de los procesos ya en marcha.

Salud! PHkl/tctca

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Para Saber más

Todo lo que Rodea al Rey es Artificio: Su Naturaleza es Militar y su destino el del IBEX 6.10.2022

Por qué España tendrá Rey hasta el fin de sus tiempos como Nación. Lo Arcaico de los Ejércitos Nacionales Modernos 5.3.2022

Por qué Nunca habrá Libertad de Expresión en España 3.3.2021

martes, 23 de noviembre de 2021

Fiscalía pide 4 años y medio para Diego Herchhoren, activista de la PAH-Guadalajara y abogado de varios movimientos sociales. Lawfare

Diego, estamos contigo!
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Fuente - Fiscalía pide 4 años y medio para Diego Herchhoren, activista de la PAH- Guadalajara y abogado e varios movimientos sociales 19.11.2021 por kaosenlared.net

Por Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara

Fiscalía pide 4 años y medio para Diego Herchhoren, activista de la PAH-Guadalajara

El 9 de diciembre se celebra en Guadalajara el juicio al activista de la PAH al que la Fiscalía le pide 4,5 años de cárcel por difundir las imágenes de un desahucio.


4 años y medio pide la Fiscalía a Diego Herchhoren (Mpr21.info), activista de la Plataforma de

Afectados por la Hipoteca (PAH) de Guadalajara y abogado de varios movimientos sociales, por tomar fotos desde su ventana del desahucio de una familia de una vivienda en ruinas, en una imagen en la que también aparecían los agentes judiciales.


La madre tenía 17 años, el padre 19 y el bebé apenas 5 meses. Sacó cuantas fotos pudo y tras subirlas a redes sociales, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara ordenó borrar esa publicación cautelarmente porque la difusión de las imágenes de los agentes constituía un “delito de revelación de secretos”.

La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara ha reunido ya casi 70.000 firmas pidiendo su absolución, y Amnistía Internacional ha anunciado que va a examinar el caso.

FIRMA LA PETICIÓN: Retiren los cargos contra el activista de la PAH que fotografió un desahucio


Vídeo:


Para más información:


Un activista de la PAH se enfrenta a más de cuatro años de prisión por publicar fotos de la comisión judicial que efectuó un desahucio Publico.es 22.11.2021

martes, 10 de agosto de 2021

Solidaridad con Izquierda Castellana ante la Amenaza de su Ilegalización por la Audiencia Nazional Franquista

Solidaridad con las compañeras de IzCa. Otro más de los efectos secundarios de la cooptación del poder judicial por el más puro fascismo.

Puede que estemos ideológicamente algo distanciadas, pero lo que está claro es que, lo que les pase a ellas, nos pasará a nosotras en un futuro cada vez más cercano. Ánimo compañeras, desde este espacio todo el apoyo.

Salud! PHkl/ctca

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Fuente - http://sareantifaxista.blogspot.com/2021/08/luis-ocampo-izquierda-castellana-izca.html 7.8.2021 por Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Solidaridad con Izquierda Castellana
Este 29 de julio se cumplieron cinco años desde el fallecimiento de Doris Benegas, dirigente de Izquierda Castellana (IzCa), y unos días después el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha notificado la resolución impulsada por el Ministerio del Interior, presidido por Fernando Grande-Marlaska, a través de la Abogacía del Estado que pone en marcha “un proceso para ilegalizar” esta formación revolucionaria. Un nuevo escalofrío recorrió muchas entrañas. En 2008 ya hubo otro proceso de ilegalización, que quedó archivado en la Audiencia Nacional.

Hablamos desde Sare Antifaxista con Luis Ocampo, dirigente de Izquierda Castellana, quien afirma que el objetivo de esta ofensiva “es cargarse cualquier poder reaccionario, cualquier herramienta que aparentemente o en alguna medida funcione, para constituir un proceso de activación del movimiento y del poder popular”. 


IzCa recuerda que “vamos a dar la batalla contra nuestra ilegalización en la Audiencia Nacional y ante todas las instancias judiciales, incluyendo las europeas”.

Ocampo lamenta que este proceso contencioso-administrativo “se ha abierto con la intencionalidad de que no nos enteráramos” y “precisamente lo hacen en agosto”. Sin embargo, IzCa ha conseguido una gran solidaridad desde que ayer hicieron públicas las intenciones del Ministerio de Interior para enmudecer su actividad al lado de quienes sufren las injusticias, con más de 405.000 visitas a su página.

Luis Ocampo indica que “se basan en una cuestión administrativa. El procedimiento administrativo que siguieron para comunicarnos esa decisión ha sido irregular. No han utilizado bien las direcciones con la intencionalidad de que no nos enteráramos y lo que han hecho es publicarlo en el BOE y así, urbi et orbe, se tiene que dar todo el mundo por enterado”.

Remarca que “tenemos un plazo de 20 días para hacer un recurso, aunque no está claro si el mes de agosto es hábil o no para estas cuestiones, pero vamos a agilizar el asunto. Vamos a presentar el recurso, porque ni tan siguiera quieren que haya una vista sobre el tema y aportaremos la documentación”. La cuestión troncal, como señala Luis Ocampo, es “ilegalizar a Izca”, pero hasta la fecha “somos y hemos sido legales, claro”. Y añadió que “vamos a dar la batalla contra nuestra ilegalización en la Audiencia Nacional y ante todas las instancias judiciales, incluyendo las europeas”.

A la pregunta de ¿qué cambia en el plazo de un mes o algo más? El miembro de Izquierda Castellana indica que “ya intentaron ilegalizarnos hace unos cuantos años (2008)”, pero añade que “desde hace un año para aquí, Izca, el movimiento comunero, Yesca, etc, la gente que se mueve en el castellanismo revolucionario, y otra mucha gente, creemos que tenemos un cierto papel en ese proceso que se está articulando en Castilla, pero muy en particular en Madrid, que es lo que les hace daño”.

Añade que “me refiero a un proceso de unidad popular real por la base, por los barrios, por los pueblos de la comunidad, por el sindicalismo alternativo, que está resurgiendo muy potente, que ha salido varias veces a la calle, incluso vimos como el delegado de Gobierno anterior, el sr. Franco, prohibió algunas movilizaciones y, pesar de ello, salimos en formato de paseo, que decíamos”.

Luis Ocampo lo tiene bastante claro: “lo que quieren es cargarse cualquier poder reaccionario, cualquier herramienta que aparentemente o en alguna medida funcione, para constituir un proceso de activación del movimiento y del poder popular. Ellos -dice- están interesados en dar la imagen de que la derechona o el gobierno actual es a lo más que se puede aspirar y nosotros no lo compartimos para nada. Creemos que hay la posibilidad de articular un polo democrático y de lucha social, porque unos y otros no están resolviendo ningún problema real. Cada vez va a peor, en Madrid hay más gente pasando hambre, más desahucios, más precariedad... ellos viven en una fantasía acojonante”.

Esta vez les quieren aplicar un proceso contencioso-administrativo, “recurren a esta vía para intentan aparentar que no tiene un trasfondo político” y “nos dicen que no cumplimos los requisitos de la ley de 2015 en relación con las cuestiones económicas de los partidos políticos. Es posible, pero no lo cumplamos, pero no han comunicado ni en tiempo ni forma nada para poder corregirlo. No hemos tenido ni pedido nunca ningún tipo de ayuda económica oficial ni subvención”.

Por lo que Luis Ocampo afirma que “para nosotros esto es una continuación del franquismo, con una remodelación de caras. No necesitan argumentos, los aplican. Les da igual la excusa de las cuestiones económicas”.

Declaración Política

Izquierda Castellana publicó ayer en su red social una “Declaración política ante el nuevo intento de ilegalización: el Ministerio del Interior impulsa un procedimiento en la Audiencia Nacional para la ‘extinción’ de Izquierda Castellana”

En la misma recuerda que es el Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº 6 de la Audiencia Nacional quien “nos ha notificado el día 5 de agosto la resolución impulsada por el Ministerio del Interior a través de la Abogacía del Estado” en el que “se insta a la ‘extinción’ de Izquierda Castellana, es decir, a su desaparición como organización política legal”.

A su juicio, el Ministerio del Interior “recurre a triquiñuelas administrativas”, arguyendo que “los estatutos de IzCa no se ajustan a los cambios introducidos por la reforma legislativa de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos”.

Sin embargo, en esta Declaración Política, la formación comunera revolucionaria señala que “resulta paradójico que una organización política que, como es el caso de IzCa, nunca en toda su historia solicitó ni percibió subvención económica alguna, se pretenda ilegalizar en función de ese tipo de razones, especialmente cuando la mayoría de los partidos políticos que incumplen ostensiblemente la normativa sobre tales cuestiones no son ni tan siquiera advertidos de tal posibilidad”.

Por lo que añaden que “en nuestra opinión, el intento de extinción/ilegalización de IzCa patrocinado por el Ministerio del Interior tiene una motivación política: la pretensión de hacer desaparecer una organización cuya actividad esencial es la denuncia del conjunto de las actividades corruptas, antisociales, antidemocráticas y antipatrióticas del actual Régimen de la IIª Restauración borbónica; y cuya finalización pasa inevitablemente por la instauración de un sistema democrático, republicano y de derechos sociales”.

IzCa, como remarca, “no ha recibido ni tampoco solicitado un solo euro del erario público. Nuestra actividad se basa única y exclusivamente en nuestros recursos, muy especialmente en nuestros recursos humanos, es decir, en los/as militantes y activistas que nos apoyan cada día de una u otra manera. IzCa no tiene como tal -ni lo pretende- representación en las instituciones de este Régimen postfranquista. No despreciamos ese ámbito de acción, pero nos parece que lo más importante y útil en este momento histórico es potenciar el movimiento y la organización popular en los diversos sectores, y en ello nos centramos, creemos además que con cierto éxito; eso es lo que no nos perdonan desde el Régimen y sus sucesivos gobiernos”.

Recuerda, por otro lado, el acoso permanente desde su constitución “desde el poder constituido; numerosas operaciones mediático-policiales se han urdido contra nuestra organización”. Remarcan que ya en 2008 ya hubo un intento de ilegalización de IzCa, “que finalmente fue archivado en la propia Audiencia Nacional”. Por otro lado, mencionan que “en diciembre pasado 2020 se celebró el juicio contra nuestro compañero Luis Ocampo -Doris Benegas también estaba procesada- por los hechos ocurridos en la manifestación republicana en Madrid en octubre de 2014. En ese juicio se solicitaba año y medio de cárcel. Finalmente, nuestro compañero fue absuelto; en la sentencia, el Tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid recoge textualmente que su versión de los hechos era plenamente creíble”.

Insiste IzCa que “hemos venido denunciando la política represiva hacia el movimiento popular y simultáneamente favorecedora para la extrema derecha que se viene realizando desde el Ministerio del Interior y muy especialmente desde la Delegación del Gobierno en Madrid, represión acentuada desde el inicio de la pandemia Covid-19. Pronosticamos con precisión la contundente derrota de la izquierda institucional en Madrid en las pasadas elecciones autonómicas del 4 de mayo; y pronosticamos -creemos que sin la menor posibilidad de error- la derrota de la izquierda institucional en las próximas elecciones generales si esta continúa por el camino actual”.

Por lo que añaden que “si se intenta hacer desaparecer a las organizaciones de activistas, aquellas que con más entrega y compromiso defendemos los intereses de las clases trabajadoras, se está facilitando el camino de acceso al Gobierno a la derechona; si se subordinan los intereses de los pueblos del Estado español a los del imperialismo -por cierto en fase de plena decadencia-, una de cuyas expresiones más significativas es la prevista celebración de la próxima cumbre de la OTAN en Madrid en 2022, se está renunciando a construir un proyecto propio y solidario con los pueblos del mundo y, de nuevo, facilitándose el avance de la derechona, del militarismo y del guerrerismo”.

“Vamos a dar la batalla contra nuestra ilegalización -según explican, por último- en la Audiencia Nacional y ante todas las instancias judiciales, incluyendo las europeas, en las que sea necesario. En la Audiencia Nacional, ese tribunal de excepción al que no reconocemos legitimidad democrática alguna, como tampoco se la reconocemos al conjunto del entramado institucional del Régimen del 78, empezando por su Jefatura de Estado, igual de ‘ejemplar’ en sus términos generales que el resto de sus instituciones y cuya legalidad está fundamentada en la legalidad franquista. Pero, sobre todo, vamos a seguir dando la batalla en las calles”.

Se despiden con este mensaje: “estudiar y reflexionar; organizar y movilizar; construir poder popular. Ese es el único camino”.

Desde Euskal Herria Sare Antifaxista quiere mostrar su solidaridad con Izquierda Castellana (IzCa)

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Para Saber más

martes, 2 de marzo de 2021

Entrevista a Alejandra Matamoros, Abogada de Pablo Hasel, víctimas de Lawfare, Acoso mediático y Represión. Borbones Ladrones!




El encarcelamiento de Pablo Hasél, condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona, ha provocado una reacción que posiblemente no tenga precedentes en el Estado español, con manifestaciones multitudinarias de rechazo que se han sucedido durante días en diversas ciudades y una polémica que ha llegado hasta el mismo Congreso de los Diputados.

De manera excepcional, antes de que Hasél entrara en prisión incluso artistas muy conocidos, que no se caracterizan por su compromiso político, firmaron un manifiesto pidiendo que no se produjera este encarcelamiento y en esta misma línea se manifestaban también desde diversos medios de comunicación corporativos, Sin embargo, después del ingreso en prisión de Hasél, estos medios han ido recuperando su líneas editoriales y al mismo tiempo que dicen defender la libertad de expresión, afirman que el rapero no está en la cárcel por escribir canciones o tuits, sino porque tenía otras cuentas pendientes con la Justicia que nada tienen que ver con una actividad artística.

Para tratar este tema entrevistamos a la abogada del rapero, y portavoz del Movimiento Antirrepresivo de Madrid, Alejandra Matamoros, quien también ha sido denunciada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), por denunciar que "en el Estado español se tortura".

ALGUNOS TITULARES DE LA ENTREVISTA:

"El caso de Pablo Hasél ha dejado al aire las vergüenzas del Estado español a nivel internacional"

"No tenemos ninguna confianza en el Gobierno, ni creemos que Podemos esté realmente preocupado por la libertad de expresión"

"Hasél sufre una especial persecución porque además de rapear tiene una práctica revolucionaria"

"El mensaje que nos transmite Pablo es que hay que seguir movilizándose para acabar con este Régimen"

"He denunciado, y lo seguiré denunciando, que en el Estado español se practica la tortura"

"Reivindicamos la liberación de todos los presos políticos"

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Fuente - La AVT denuncia a Alejandra Matamoros, abogada de Pablo Hasél, por 'enaltecimiento del terrorismo' 1.3.2021

Nueva denuncia a Alejandra Matamoros, abogada de Pablo Hasél: Tras el linchamiento mediático del que ha sido objeto, la apertura de un expediente deontológico por parte del Colegio de Abogados de Madrid, y la interposición de una denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP) por varias declaraciones de la letrada en los medios de comunicación, ahora la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha presentado una denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional por ‘enaltecimiento del terrorismo’.

Parece que la organización ultraderechista ha estado buscando declaraciones de Alejandra de manera ad-hoc, hasta dar con sus opiniones expresadas en una charla celebrada el 25 de mayo de 2019 organizada por el Movimiento Antirepresivo de Madrid (MAR) en el CSO Atalaya de Vallecas.

Concretamente, la AVT la recrimina que usara el término «compañeros» para referirise a los militantes políticos vascos,y por decir que tuvieron que luchar con los medios que tenían a su alcance: «»Ellos lucharon con las armas por su derecho de autodeterminación»..


La organización ultraderechista señala además a la abogada en un comunicado en el que han hecho pública la interposición de esta denuncia y carga contra ella por sus declaraciones en varios medios de comunicación donde la abogada ha denunciado la existencia de la tortura en el Estado español por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sobre las once veces que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha coindenado al Estado español por no investigar denuncias de torturas la AVT no dice nada.

Según la AVT «Este tipo de afirmaciones, al igual que las realizadas en la charla que es objeto de la presente denuncia, lo único que persiguen es alentar la continuación de episodios violentos en las ciudades con la consiguiente alteración de la paz publica que este tipo de actos provocan produciendo temor en la población». De las salvajes imágenes de cargas policiales indiscriminadas que estamos viendo estas dos últimas semanas la AVT tampoco dice palabra.

Asistimos pues a un nuevo caso de linchamiento y persecución política, y es que denunciar realidades como la existencia de la tortura, la existencia de pres@s polític@s o la herencia fascista del Régimen español, es algo que la ultraderecha españolista no perdona
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sábado, 16 de enero de 2021

Lawfare contra la CNT: Penas de cárcel por hacer sindicalismo

Lo que debía ser otro ejercicio más de justica por la reivindicación de condiciones laborales y dignidad humana se convierte a golpe de contradenuncia, obstrucción y corrupción en una trama de acoso institucional mediado por los juzgados. Los dueños fascistas de un negocio de Gijón, se juntan con el resto de empresarios de la zona enfrentados a a CNT y mueven todos sus resortes en la abogacía, judicatura y policía y medios, no solo de la ciudad, sino del país, para convertir a las trabajadoras víctimas en verdugos y a los miserables explotadores en víctimas. Su embestida va más allá, y alcanza no solo a las propias trabajadoras sino al sindicato que defiende sus derechos, anulando la acción sindical y pretendiendo extender la ley mordaza no solo a las fuerzas del orden, si no a los propios empresarios.

La CNT se enfrenta así a un claro caso de lawfare en el que a pesar de tener la legalidad y la legitimidad de su parte puede que no salga indemne. Van a por lo que queda de sindicalismo.

Desde estas páginas todo el ánimo y fuerza a esas compañeras que resisten, se enfrentan a los poderes fácticos del capital y no se rinden; como nunca lo han hecho y no lo harán nunca. Mantenéis la llama.

Salud! PHkl/tctca

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Fuente- Penas de cárcel por hacer sindicalismo - Confederación Nacional del Trabajo 15.1.2021

  • El 18 de enero comienza en Gijón un doble juicio contra la CNT en la que se pide a afiliadas de la CNT penas de cárcel y cantidades económicas muy elevadas por realizar acción sindical
  • Desde la central anarcosindicalista se hace un llamamiento a hacer difusión del caso y a solidarizarse con las sindicalistas encausadas
Todo empezó con diferentes irregularidades laborales y un presunto acoso sexual en el trabajo, denuncia archivada en la actualidad. Una trabajadora acudió a comienzos de 2017 al sindicato para comentar lo que le estaba ocurriendo en Pastelerías La Suiza, en Gijón. «Vista la gravedad del tema, se actuó en consecuencia», detalla el sindicato que previamente a reunirse con la empresa solicitó información complementaria que apoyara la versión de la trabajadora, tras lo cual, se reunió con la empresa para tratar el tema, infructuosamente lo que llevó al inició de una campaña de movilización sindical y se realizaron varias concentraciones de denuncia, «nada que no sea habitual en la acción sindical», declaran las sindicalistas.

Sin embargo, «las agredidas se convirtieron de un día para otro en agresoras, al ser denunciadas por el empresario, en numerosas ocasiones», denuncia la CNT. «Piden casi 600.000 euros al sindicato y penas de cárcel para la trabajadora denunciante y miembros del sindicato, en total a 8 personas», detallan desde la central anarcosindicalista, «unas penas que están fuera de toda lógica».

Detrás de la pretensión que pide años de cárcel por hacer sindicalismo presuntamente podría estar la patronal de hostelería de Gijón, personas de clara orientación conservadora, que «han acusado a la CNT de extorsionar, de ser ETA, y han intentado ilegalizar el sindicato por delito de asociación ilícita». De hecho, han contratado, como abogado para ejercer la acusación particular contra el sindicato, al ex magistrado de la Audiencia Nacional, D. Javier Gómez Bermúdez, «juez estrella y ahora abogado de Jaime Botín», resalta la organización anarcosindicalista.

«Este caso es un paso más en la ilegalización del sindicalismo, ya sea directamente o metiendo a la cárcel a sindicalistas y condenándolos económicamente», denuncia la CNT. Por eso, apelan a la solidaridad de clase y al apoyo fraternal de todas las centrales sindicales, con el fin de intentar parar esta agresión y a difundir lo máximo posible lo que se va a juzgar a partir del lunes 18.