Traducción tarcoteca -
Is the UK a Rogue State? 17 British Policies Violating Domestic or International Law - Declasified UK 7.2.2020 por
Mark Curtis visto en
GR + 2 Bonus track
Los gobiernos del Reino Unido afirman rutinariamente respetar el derecho nacional e internacional. Pero la realidad de las políticas británicas es bastante diferente, especialmente cuando se trata de política exterior y de la llamada "seguridad nacional". Este artículo resume las 17 políticas gubernamentales que desde hace tiempo violan las leyes nacionales o internacionales del propio Reino Unido.
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El secretario de Asuntos Exteriores británico, Dominic Raab, describió recientemente el "estado de derecho internacional" como una "luz faro" para la política exterior del Reino Unido. Por el contrario, el gobierno acusa a menudo a los estados a los que se opone, como Rusia o Irán, de ser violadores del derecho internacional. En consecuencia, estos gobiernos a menudo son denominados como "estados canallas" por los principales medios de comunicación; la supuesta antítesis a cómo "nosotros" operamos.
La siguiente lista de 17 políticas puede no ser exhaustiva, pero sugiere que el término "régimen criminal" no es sensacionalista o no está fuera de lugar cuando se trata de describir las políticas exteriores y de "seguridad" de la propia Gran Bretaña.
Estas violaciones en serie sugieren que la supervisión parlamentaria y pública sobre la formulación de políticas ejecutivas en el Reino Unido no es adecuada a su propósito y que se necesitan nuevos mecanismos para frenar los excesos del estado británico.
1. La guerra de drones de la Royal Air Force
La Royal Air Force (RAF) de Gran Bretaña opera un programa de drones en apoyo de EEUU que involucra a una flota completa de drones británicos "Reaper" que operan desde 2007. Han sido utilizados por el Reino Unido para atacar objetivos en Afganistán, Irak y Siria.
Cuatro bases de la RAF en el Reino Unido apoyan la guerra de drones de Estados Unidos. La base de espionaje conjunta del Reino Unido y Estados Unidos en Menwith Hill en Yorkshire, norte de Inglaterra,
permiten los ataques de aviones no tripulados estadounidenses en Yemen, Pakistán y Somalia. Los ataques con aviones dron estadounidenses, que involucran un programa de asesinato iniciado por el presidente Barack Obama, son ampliamente considerados ilegales según el derecho internacional, violando los derechos humanos fundamentales. Hasta 1700 civiles adultos y niños han sido ejecutados en los llamados "asesinatos selectivos".
Amnistía Internacional señala que el respaldo británico es "absolutamente crucial para el programa de drones asesinos de EEUU, ya que proporciona apoyo para varios programas de vigilancia de EEUU, intercambios de inteligencia vitales y, en algunos casos, participación directa del personal del Reino Unido en la identificación y seguimiento de objetivos para operaciones letales de EEUU, Incluidos ataques con drones que puede haber sido ilegales [a caso hay alguno legal?]".
2. Islas Chagos
Gran Bretaña ha
violado el derecho internacional en el caso de las Islas Chagos [y es la principal razón de que se le haya catalogado como Estado Canalla] en el Océano Índico desde que expulsó a sus habitantes en la década de 1960 para implantar una base militar [y alquilarsela] a estados unidos de Diego García, la isla más grande.
El gobierno laborista de Harold Wilson separó [jurisdiccionalmente] las islas de la entonces colonia británica de Mauricio en 1965, tras la violación de una resolución de la ONU que prohibía la ruptura de las colonias antes de la independencia. Londres formó una nueva entidad colonial, el Territorio Británico del Océano Índico, que ahora es un Territorio de Ultramar.
En 2015, un
Tribunal de la ONU dictaminó que el "área protegida marina" propuesta por el Reino Unido alrededor de las islas, que según las publicaciones de Wikileaks es una artimaña para evitar que los isleños regresen, era ilegal ya que socavaba los derechos de Mauricio.
Después, en febrero de 2019, la
Corte Internacional de Justicia (CIJ/ ICJ) dictaminó en un consejo consultivo que Gran Bretaña debe poner fin a su administración [ocupación militar] de las islas Chagos "lo más rápido posible". La
Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en mayo de 2019 que acoge con beneplácito el fallo de la CIJ y "exige que el Reino Unido retire incondicionalmente su administración colonial de la zona antes de los seis meses". El gobierno del Reino Unido rechazó el llamamiento.
3. Desafío a la ONU sobre las Malvinas
El Comité Especial para la Descolonización de 24 países de la ONU, el principal órgano que se ocupa de cuestiones relacionadas con la descolonización, ha pedido reiteradamente al gobierno del Reino Unido que negocie una resolución a la disputa sobre el status de las Malvinas/Falklands. En su último llamado, en junio de 2019, el
comité aprobó un proyecto de resolución "reiterando que la única forma de poner fin a la situación colonial especial y particular de las Islas Malvinas (Falkland Islands) es a través de una solución pacífica y negociada de la disputa sobre la soberanía entre Argentina y el Reino Unido".
El gobierno británico rechaza constantemente estas demandas. El
año pasado, declaró:
“El Comité de Descolonización ya no tiene un papel relevante que desempeñar con respecto a los Territorios Británicos de Ultramar. Todos tienen una gran dosis de autogobierno, han optado por mantener sus vínculos con el Reino Unido y, por lo tanto, deberían haberse eliminado de la lista hace mucho tiempo ".
En 2016, la Comisión de las Naciones Unidas sobre los
Límites de la Plataforma Continental emitió un informe que determina que las Islas Malvinas están ubicadas en las aguas territoriales de Argentina.
4. Israel y los beneficios de asentamiento
A pesar de que Gran Bretaña condena normalmente los asentamientos israelíes en los territorios ocupados como ilegales, en línea con el derecho internacional,
permite el comercio de mercancias producidas en esos asentamientos.
Tampoco mantiene un registro de las importaciones que provienen de los asentamientos, que incluyen vino, aceite de oliva y dátiles, en el Reino Unido.
Las
resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU requieren que todos los estados "distingan, en sus negociaciones relevantes, entre el territorio del Estado de Israel y los territorios ocupados desde 1967". El Reino Unido no lo está haciendo.
5. Bloqueo israelí de Gaza
El bloqueo israelí de Gaza, impuesto en 2007 tras la toma del territorio por parte de Hamas, es ampliamente
considerado ilegal.
Altos funcionarios de la ONU, una
comisión independiente de expertos de la ONU y
Amnistía Internacional coinciden en que la imposición de "castigos colectivos" a la población de Gaza contraviene el derecho internacional humanitario y de derechos humanos.
Gaza tiene aproximadamente 1,8 millones de habitantes que permanecen "
encerrados" y se les niega el libre acceso al resto de la supuesta Palestina (Cisjordania) y el mundo exterior. Tiene
tasas de pobreza y desempleo que alcanzaron casi el 75% en 2019.
A través del bloqueo naval, la armada israelí restringe los derechos de pesca de los palestinos, disparan contra los pescadores locales e interceptan barcos con ayuda humanitaria. Gran Bretaña y todos los estados tienen la obligación de "garantizar que Israel cumpla con el derecho internacional humanitario" en Gaza.
Sin embargo, en lugar de hacerlo, el Reino Unido colabora regularmente con la armada israelí que hace cumplir el bloqueo. En agosto de 2019, la Royal Navy de Gran Bretaña participó en el
ejercicio naval internacional más grande jamás realizado por Israel, frente a la costa mediterránea del país. En
noviembre de 2016 y
diciembre de 2017, los buques de guerra británicos realizaron ejercicios militares con sus aliados israelíes.
6. Exportaciones de equipos de vigilancia
'
Desclasified UK' reveló que el Reino Unido recientemente exportó equipos y software de interceptación de telecomunicaciones a 13 países, incluidos los regímenes autoritarios de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudita y Omán. Dicha tecnología puede permitir a las fuerzas de seguridad monitorear las actividades privadas de grupos o individuos y tomar enérgicas medidas contra los opositores políticos.
Los EAU han estado
involucrados en programas que monitorean a activistas domésticos usando spyware. En 2017 y 2018, los exportadores británicos recibieron cuatro licencias para exportar equipos, componentes o software de interceptación de telecomunicaciones hacia los EAU.
Las
normas de exportación de armas del Reino Unido establecen que el gobierno "no otorgará una licencia si existe un riesgo claro de que los artículos puedan ser utilizados para la represión interna". Los informes de Amnistía Internacional documentan abusos contra los derechos humanos en los casos de EAU, Arabia Saudita y Omán, lo que indica que la aprobación británica de tales exportaciones a estos países es, a primera vista, ilegal.
7. Exportaciones de armas a Arabia Saudita
Arabia Saudita ha sido
acusada por la ONU y otros de violar el derecho internacional humanitario y de cometer crímenes de guerra en su guerra en Yemen, que comenzó en marzo de 2015. El Reino Unido ha otorgado licencias de exportación al régimen saudí por casi
£ 5000 millones. Además, la
RAF está ayudando a mantener los aviones de combate sauditas en bases de operaciones clave y
almacenes y ensamblan bombas para usar en Yemen. [Recordar que históricamente Arabia Saudita ha sido colonia inglesa siendo la misma la que promovió el
wahavismo iniciando la dinastía de los Saud]
Tras la acción legal presentada por la Campaña contra el Comercio de Armas, el
Tribunal de Apelación del Reino Unido dictaminó en junio de 2019 que los ministros habían firmado ilegalmente las exportaciones de armas sin la apropiada evaluación del riesgo para los civiles. El tribunal dictaminó que el gobierno debe reconsiderar las licencias de exportación de acuerdo con el enfoque legal correcto.
El fallo siguió a un informe de un comité de la Cámara de los Lores, publicado a principios de 2019, que
concluyó que Gran Bretaña está infringiendo las leyes internacionales al vender armas a Arabia Saudita y debería suspender algunas licencias de exportación de inmediato.
8. Detención arbitraria y tortura de Julian Assange
En el caso del editor de WikiLeaks, Julian Assange, actualmente recluido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en Londres, el Reino Unido está desafiando las opiniones reiteradas por Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (WGAD) y el relator especial de la ONU sobre la tortura.
Este último,
Nils Melzer, ha pedido al gobierno del Reino Unido que libere a Assange con el argumento de que los funcionarios están contribuyendo a su tortura psicológica y malos tratos. Melzer
también ha pedido que se investigue a los funcionarios del Reino Unido por una posible "conducta criminal", ya que la política del gobierno "socava gravemente la credibilidad de [su] compromiso con la prohibición de la tortura ... así como con el estado de derecho en general".
El WGAD, el organismo internacional último que analiza este tema,
ha exigido en repetidas ocasiones que el gobierno del Reino Unido ponga fin a la "
detención arbitraria" de Assange. Aunque la ONU declara que las determinaciones del WGAD son legalmente vinculantes,
sus llamados han sido rechazados constantemente por los gobiernos del Reino Unido.
9. Al menos 7 Guerras encubiertas
Las operaciones militares encubiertas para subvertir gobiernos extranjeros, como la operación de Gran Bretaña en Siria para
derrocar al régimen de Assad, son ilegales [
o como en Iraq, Afganistán, Libia, Pakistan, Somalia o Yemen]. Como
señala una sesión informativa de la Cámara de los Comunes, "la asistencia militar a las fuerzas de oposición es ilegal".
Se estableció un precedente en el caso de Nicaragua en la década de 1980, cuando las fuerzas encubiertas respaldadas por Estados Unidos (los "Contras") intentaron derrocar al gobierno sandinista. La Corte Internacional de Justicia sostuvo que un tercer estado no puede ayudar por la fuerza a la oposición a derrocar a un gobierno, ya que violaría todos los principios de no intervención y prohibición del uso de la fuerza.
Como ha
demostrado 'Declassified UK', el Reino Unido está actualmente
involucrado en siete guerras encubiertas, incluso en Siria, con supervisión parlamentaria mínima. La
política del gobierno sobre las actividades de sus fuerzas especiales es "no coment", "debido a las implicaciones de seguridad". La capacidad del público para analizar la política [nacional o internacional] también está restringida, ya que la Ley de Libertad de Información del Reino Unido aplica una "exención absoluta" a las fuerzas especiales. Este no es el caso de las potencias aliadas como los Estados Unidos o Canadá.
10. Torturas sistemáticas y negativas investigarlas
En 2018, un informe del Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento descubrió que el Reino Unido había sido cómplice en casos de tortura y otros malos tratos a detenidos en la llamada "guerra contra el terror". La investigación examinó la participación del personal del MI6 (el servicio secreto de inteligencia), el MI5 (el servicio de seguridad nacional) y el Ministerio de Defensa (MOD) en los interrogatorios a detenidos principalmente por los Estados Unidos, Afganistán, Irak y la Bahía de Guantánamo durante 2001-10.
El informe encontró que hubo 232 casos en los que el personal del Reino Unido proporcionó interrogaciones o información a agentes de inteligencia extranjeros después de saber o sospechar que el detenido estaba siendo maltratado. También encontró 198 casos en los que el personal del Reino Unido recibió información de agentes extranjeros obtenida de detenidos que sabían o sospechaban que habían sido maltratados.
En un caso, el MI6 "solicitó y
obtuvo la autorización del secretario de Asuntos Exteriores" (entonces Jack Straw, en el gobierno de Tony Blair) para costear la financiación de un avión involucrado en el traslado de un sospechoso [el llamado caso de "Los Vuelos de la CIA"].
Después de que se publicara el informe, el gobierno anunció que se negaba a realizar una investigación independiente dirigida por un juez sobre el papel del Reino Unido en el traslado y tortura de prisioneros, como había prometido anteriormente.
En 2019, el grupo de derechos humanos 'Reprieve.org', junto con los parlamentarios conservadores y laborales, instigó una i
mpugnación legal al gobierno sobre esta negativa, que el Tribunal Superior acordó escuchar.
El relator especial de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, advirtió formalmente al Reino Unido que su negativa a iniciar una investigación judicial sobre
tortura y entregas violaba el derecho internacional, específicamente la Convención de la ONU contra la Tortura.
Escribió una carta privada solicitando su "intervención" al secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido en la que declara que el gobierno tiene "la obligación legal de investigar y enjuiciar".
Melzer acusa al gobierno de participar en una "Política Consciente" de Cooperar con la Tortura desde el
11 de septiembre 2001, aduciendo que es "imposible" que la práctica no haya sido aprobada o al menos tolerada por altos funcionarios.
11. Política secreta de Torturas
En 2019 se reveló que el Ministerio de Defensa MOD operar una clausula secreta que permite a los ministros aprobar acciones que podrían conducir a la tortura de los detenidos. La clausula, contenida en un documento interno del MOD con fecha de noviembre de 2018, permite a los ministros aprobar la transmisión de información a los aliados incluso si existe riesgo de tortura, si "los beneficios potenciales justificaran la aceptación del riesgo y las consecuencias legales".
Esta política también permite que los ministros aprueben listas de personas sobre las cuales se puede compartir información a pesar del grave riesgo de que puedan sufrir maltrato. Un destacado abogado ha dicho que la legislación nacional e internacional sobre la prohibición de la tortura es clara y que la política del MOD promueve la violación de la ley por parte de los ministros.
12. Amnistía para los crímenes cometidos por soldados
Hay una larga
historia de soldados británicos que cometen crímenes durante las guerras. En 2019, el gobierno describió planes para otorgar inmunidad a los delitos cometidos por soldados en Irak, Afganistán e Irlanda del Norte cometidos hace más de 10 años.
Estos planes han sido
condenados por el Comité contra la Tortura de la ONU, que ha pedido al gobierno que “se abstenga de promulgar leyes que otorguen amnistía o perdón en lo que respecta a la tortura. También debería garantizar que todas las víctimas de tales torturas y malos tratos obtengan reparación ”.
El comité ha instado específicamente al Reino Unido a "establecer la responsabilidad y garantizar la rendición de cuentas por cualquier tortura y malos tratos cometidos por el personal del Reino Unido en Irak de 2003 a 2009, específicamente mediante el establecimiento de una investigación única pública independiente de investigación de las denuncias de tales conductas".
Es probable que
las propuestas del gobierno también infrinjan las obligaciones adoptadas por el Reino Unido en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que obliga a los estados a investigar las violaciones del derecho a la vida o la prohibición de la tortura.
13. Vigilancia Masiva del GCHQ
Los archivos revelados por el denunciante estadounidense Edward Snowden en 2013 muestran que la agencia de inteligencia del
Reino Unido GCHQ había estado interceptando, procesando y almacenando en secreto datos sobre las comunicaciones privadas de millones de personas, incluidas personas sin interes de inteligencia, en un programa llamado Tempora. Snowden también reveló que el gobierno británico estaba accediendo a comunicaciones personales y datos recopilados por la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU y las agencias de inteligencia de otros países.
Todo esto se estaba llevando a cabo sin consentimiento o conciencia del público, sin fundamento legal y sin las debidas garantías. Desde que se publicaron estas revelaciones, ha habido una
larga batalla legal sobre el uso ilegal del Reino Unido de estos poderes de vigilancia previamente secretos.
En septiembre de 2018, el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que las leyes del Reino Unido que permiten la vigilancia masiva son ilegales, violando los derechos a la privacidad y la libertad de expresión. El tribunal observó que el régimen del Reino Unido para autorizar la intercepción masiva de comunicaciones es incapaz de prevenir la "interferencia" en lo que es "necesario en una sociedad democrática".
El Tribunal de Poderes de Investigación del Reino Unido, el organismo que considera las quejas contra los servicios de seguridad, también reveló que las agencias de inteligencia del Reino Unido habían estado
espiado ilegalmente las comunicaciones de Amnistía Internacional y el Centro de Recursos Legales en Sudáfrica.
En
2014, las revelaciones también confirmaron que al GCHQ se le había otorgado la autoridad para espiar secretamente las comunicaciones abogado-cliente legalmente privilegiadas, y que el MI5 y MI6 adoptaron políticas similares. Las directrices permiten la vigilancia de periodistas y otras personas que se considera trabajan en "profesiones sensibles" que manejan información confidencial.
14. Datos personales recopilados por el MI5
En 2019, se descubrió que el MI5 había retenido ilegalmente durante años los datos, las llamadas, los mensajes y el historial de navegación en línea de británicos inocentes sin las protecciones adecuadas, de acuerdo con la Oficina del Comisionado de Poderes de Investigación que supervisa la protección de la privacidad británica. El MI5 tampoco había brindado a los jueces superiores información precisa sobre incumplimientos reiterados de su deber de eliminar datos de vigilancia masiva, y fue criticado por maltratar material confidencial legalmente privilegiado.
El comisionado concluyó que la forma en que MI5 guardaba y manejaba los datos de las personas era "indudablemente ilegal". Los altos jueces emitieron órdenes de investigación contra la vigilancia masiva del MI5 en el entendimiento de que se cumplían las obligaciones legales de manejo de datos de la agencia, cuando lo cierto era que no se cumplía.
"El MI5 ha estado guardando datos de personas- datos de personas comunes, sus datos, mis datos-, ilegalmente durante muchos años",
dijo Megan Goulding, abogada de la organización de derechos Liberty, que presentó el caso.
"No solo eso, han estado tratando de mantener en secreto sus errores realmente serios: secreto del organismo de control de los servicios de seguridad, que se supone que debe saber sobre ellos, secreto del Ministerio del Interior, secreto del primer ministro y secreto del público".
15. Agencias de inteligencia que cometen delitos penales
El MI5 ha estado operando bajo una
protocolo secreto que permite a sus agentes cometer delitos graves durante las operaciones antiterroristas en el Reino Unido, según abogados de organizaciones de derechos humanos que presentaron el caso al Tribunal de Poderes de Investigación
El protocolo, conocido como la "tercera dirección", permite a los funcionarios del MI5 que las personas que han reclutado como agentes cometan delitos con el fin de garantizar el acceso a la información que podría usarse para evitar que se cometieran otros delitos.
Los crímenes potencialmente incluyen asesinato, secuestro y tortura y han operado durante décadas. Los oficiales del MI5 son, mientras tanto, inmunes al enjuiciamiento.
Un abogado de las organizaciones de derechos humanos denunciantes argumenta que las cuestiones planteadas por el caso "no son hipotéticas", y afirma que "en el pasado, la autorización de la de agentes para participar en delincuencia parece haber dado lugar a graves violaciones de los derechos fundamentales". Señala el asesinato en 1989 del abogado de Belfast Pat Finucane, un ataque llevado a cabo por paramilitares probritánicos, incluidos agentes que trabajan para el estado británico.
16. La "cláusula James Bond" (licencia para matar)
Los agentes de inteligencia británicos pueden ser autorizados para cometer crímenes fuera del Reino Unido.
La Sección 7 de la Ley de Servicios de Inteligencia de 1994 anula la ley penal y civil del Reino Unido siempre que un ministro superior del gobierno haya firmado una autorización por escrito de que le está permitido cometer actos criminales en el extranjero. Esto a veces se conoce como la "cláusula de James Bond".
Según los informes, a los espías británicos se les dio autoridad para
violar la ley en el extranjero en 13 ocasiones en 2014 en virtud de esta cláusula.
El GCHQ recibió cinco autorizaciones "eliminando su responsabilidad por actividades que incluyen aquellas asociadas a ciertos tipos de recopilación de inteligencia e interferencia con computadoras, teléfonos móviles y otros tipos de equipos electrónicos".
Mientras tanto, el MI6 recibió ocho de esas
autorizaciones en 2014.
17. Niños Recluta
Gran Bretaña es el único país de Europa y la OTAN que permite el
alistamiento directo en el ejército a la edad de 16 años. Uno de cada cuatro reclutas del ejército del Reino Unido tiene ahora menos de 18 años.
Según los
editores del British Medical Journal, "no hay justificación de esta política estatal, perjudicial para la salud de los adolescentes, y debe detenerse ”. Los niños reclutas tienen más probabilidades que los reclutas de adultos de terminar en combate de primera línea, agregan.
En
2019 se reveló que el Reino Unido continuó enviando niños soldados a luchar en Irak y Afganistán a pesar de comprometerse a poner fin a la práctica. El Reino Unido dice que no envía menores de 18 años a zonas de guerra, como lo exige el Protocolo Facultativo de la ONU sobre la participación de niños en conflictos armados, conocido como el "tratado de niños soldados".
Sin embargo, el Reino Unido desplegó a cinco jóvenes de 17 años en Irak o Afganistán entre 2007 y 2010: afirma haberlo hecho por error.
Antes de esto,
un ministro admitió que adolescentes también habían sido enviados por error a la batalla entre 2003 y 2005, insistiendo en que no volvería a suceder.
El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas expresó su preocupación [
"Reclutamiento por pobreza"] por la política de reclutamiento del Reino Unido en 2008 y 2016, y recomendó al gobierno que "aumente la edad mínima de reclutamiento en las fuerzas armadas a 18 años con el fin de promover la protección de los niños a través de un mayor control jurídico general ". El Comité Conjunto de Derechos Humanos del Parlamento, los comisionados de los niños de las cuatro jurisdicciones del Reino Unido, junto con las organizaciones de derechos del niño, apoyan este llamado.
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Bonus Track
18. UK apoya directamente el terrorismo
Por medio de sociedades interpuestas como los cascos blancos o la Hermandad Islámica.
El espionaje británico también contrató a periodistas para escribir artículos de propaganda sobre “los rebeldes sirios” y, naturalmente, el gobierno organizó y dirigió a los portavoces de la famosa “oposición moderada”.
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