Que el franquismo pervivió en sus instituciones es del todo sabido. Ni un juez, policía o militar fue removido de su puesto por la llegada de la democracia. Desde entonces un reguero de impunidad favorece a las derechas políticas y económicas desde liberales, neoliberales a conservadores o regresistas.Ahora vemos esta noticia del pasado 4.12.2019 de Julia Pérez para Público:
<<El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ..., a pesar de estas en funciones desde hace un año, y ha nombrado o convocado las plazas de 46 presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo... En su mayoría son afines al presidente interino Carlos Lesmes y a los vocales nombrados a instancia del PP que gobiernan el órgano constitucional. Los altos cargos de la cúpula judicial se renuevan cada cinco años, excepto los magistrados del Supremo que permanecen en la plaza hasta la jubilación.
...Sólo cuatro de los veinte vocales del Consejo interino se han opuesto a esta fiebre: Enrique Lucas Murillo -designado a propuesta del PNV-, así como las vocales progresistas Roser Bach, María Victoria Cinto y Concepción Sáez.
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han recurrido al Supremo esta retahíla de nombramientos del CGPJ en funciones...>>
Es la confirmación de algo sabido, lo visto en cada sentencia favorable a la corrupción, plasmada en el 155 y ratificada con el jucio del Procéss. El CGPJ es organización criminal estatal establecida para favorecer los intereses de ciertas élites y su sistema secular. La derecha política acosada por la descomposición pierde sus máscaras y se esconde en sus bastiones. El poder judicial es uno de ellos, y arropado por el poder policial es capaz de desencadenar sin ayuda del gobierno de turno la furia represiva que los poderes han dispuesto para autopreservarse.
Si la maniobra llega a puerto a partir de ahora lo que podremos ver es, como en tantos países, iniciativas judiciales sancionadoras que pueden llegar hasta lo más alto, a todo el espectro político, incluidos los propios fascistas que no sirven al aparato, disidentes, activistas, organizaciones populares, al propio presidente del gobierno, con el único fin de arrebatar mediante un golpe de mano un poder que les será efímero. La movilización popular asegura como en tantos de estos países la ingobernabilidad y que lo arrebatado a la fuerza costará mantenerlo. El 155 o el process fueron solo el principio. ¿Cuál será el límite?
Es la confirmación de algo sabido, lo visto en cada sentencia favorable a la corrupción, plasmada en el 155 y ratificada con el jucio del Procéss. El CGPJ es organización criminal estatal establecida para favorecer los intereses de ciertas élites y su sistema secular. La derecha política acosada por la descomposición pierde sus máscaras y se esconde en sus bastiones. El poder judicial es uno de ellos, y arropado por el poder policial es capaz de desencadenar sin ayuda del gobierno de turno la furia represiva que los poderes han dispuesto para autopreservarse.
Si la maniobra llega a puerto a partir de ahora lo que podremos ver es, como en tantos países, iniciativas judiciales sancionadoras que pueden llegar hasta lo más alto, a todo el espectro político, incluidos los propios fascistas que no sirven al aparato, disidentes, activistas, organizaciones populares, al propio presidente del gobierno, con el único fin de arrebatar mediante un golpe de mano un poder que les será efímero. La movilización popular asegura como en tantos de estos países la ingobernabilidad y que lo arrebatado a la fuerza costará mantenerlo. El 155 o el process fueron solo el principio. ¿Cuál será el límite?
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